Por Carlos Clemente
El transporte público en Puebla lleva años siendo motivo de vergüenza. Para propios y extraños, el sistema refleja no solo el abandono institucional, sino también la corrupción de gobiernos que vieron un negocio, no una responsabilidad pública.
En vez de ordenar, modernizar y garantizar una movilidad digna, se optó por hacer negocios. Durante más de una década, se toleró —y se alentó— la anarquía: unidades obsoletas, sin seguro, sin placas, sin concesiones válidas. Nadie regulaba, nadie cumplía.
El resultado: un servicio de transporte público deficiente, peligroso e indigno.
De las mil 743 unidades que han participado en la Revista Vehicular implementada por la Secretaría de Movilidad y Transporte, apenas 871 la aprobaron. Es decir, la mitad quedó fuera. Y si extendemos el cálculo a los más de 34 mil concesionarios en todo el estado, el gobierno estima que solo el 50% logrará pasar el filtro.
Eso implica que cerca de 17 mil concesiones podrían ser revocadas. Es lamentable, pero sí, la mitad del transporte público en Puebla hoy está obsoleto y opera en la ilegalidad.
En el gobierno de Barbosa se autorizó un aumento tarifario bajo la promesa de modernización, pero ésta nunca llegó. El negocio, en cambio, sí.
Ahora, tras años de omisión y corrupción, el gobierno actual tiene la oportunidad de hacer lo correcto: depurar el sistema, aplicar la ley y reordenar el servicio con visión de futuro y en beneficio de los ciudadanos. Así lo han ofrecido.
Pero la gran pregunta es: ¿cómo se dará este reacomodo? ¿Se entregarán nuevas concesiones con criterios técnicos y legales, o veremos de nuevo a los grupos consentidos disfrazados de “representación social”? ¿Habrá prórrogas disfrazadas de tolerancia? ¿O se acabará, por fin, con la simulación?
La modernización del transporte no puede ser otra farsa. Esta vez, Puebla merece un servicio público que esté a la altura de su gente. Sin privilegios, sin cuotas políticas y sin más negocios disfrazados. @noticiasreportero
