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El Senado de la República aprobó la polémica reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con ello el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en su promesa de construir un millón de viviendas de interés social.
Las críticas de las bancadas de oposición consideran que se trata de una simulación que afectará a los ahorros de los trabajadores.
Con la mayoría de votos de Morena y sus aliados (PV y PT) el Senado ha sacado adelante la reforma que toca 2.4 billones de pesos de las subcuentas de los trabajadores.
Ahora los recursos serán administrados por una nueva empresa constructora, bajo el control del Infonavit para financiar el programa de vivienda social que prometió en campaña Claudia Sheinbaum.
La intención es construir 500 mil viviendas a través del Infonavit y que la Comisión Nacional de Vivienda se encargue de las otras 500.000 para personas no derechohabientes y con los recursos de Financiera del Bienestar.
Las modificaciones facultan a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para supervisar, vigilar y fiscalizar la operación del Instituto, el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores y el ejercicio del gasto en administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.
La reforma plantea un sistema de vivienda con orientación social en tres ejes: créditos accesibles y suficientes para los trabajadores que coticen en el Infonavit y que ganan menos de dos salarios mínimos; un plan de desarrollo que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos como donación y construir inmuebles.
La creación de una constructora filial del Infonavit es el punto más polémico del paquete de reformas a la legislación que rige al Instituto a cargo de otorgar créditos para vivienda de interés social. Esta nueva figura realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que no han tenido acceso a la vivienda de bajo costo. Además de privilegiar la cercanía a sus lugares de trabajo.
La oposición (PAN, PRI y MC) han sostenido que se trata de un atraco a los derechohabientes y que se tomarán los recursos ahorrados y no ejercidos por los empleados. “Si queremos ayudar a los trabajadores a que tengan una casa de verdad, no es agandallándose, robándose sus ahorros, es destinando presupuesto público, que es lo que no han hecho para la construcción de viviendas, presupuesto público, no presupuesto privado”, dijo el senador del PAN Marko Cortés.
Los fondos de está cuenta hoy están a disposición de los empleados, ya sea para comprar una vivienda o, de no ejercerse, como parte del fondo de ahorro. La enmienda aprobada por el Congreso pone a disposición del Estado esta partida. (Inf: El País)
