Por Carlos Clemente
Sale carísimo mantener una Comisión de Derechos Humanos que no defiende los derechos humanos. En Puebla, la CEDH cuesta 57 millones de pesos al año, y lo que ofrece a cambio es una burocracia lenta, muda y complaciente con el poder. En once meses ha emitido apenas 15 recomendaciones, una cifra que retrata con precisión su inoperancia.
Claro, lo ideal sería que no hubiera ninguna, porque eso significaría que en Puebla no se violan los derechos humanos. Pero todos sabemos que esa es una fantasía. Las cárceles, los abusos policiacos, la represión a grupos sociales y la indiferencia oficial son el pan de cada día. Y, sin embargo, para la Comisión simplemente no existen.
Al frente de ese organismo está Rosa Isela Sánchez Soya, una presidenta más preocupada por dejarse ver en eventos sociales y políticos que por acompañar a las víctimas.
Su salario mensual de 92 mil pesos netos, no parece corresponder con su experiencia ni con resultados.
Un dato: en el mismo periodo del año previo, 2024, la CDH Puebla, abrió 66 expedientes.
La designación de Sánchez Soya fue polémica desde el Congreso: sin trayectoria, sin formación en derechos humanos y con un perfil más político que técnico, Sánchez Soya llegó ahí por la ruta una ruta distinta, no del mérito.
Y no es casualidad. Su hija, Alexa Espidio Sánchez, es diputada suplente de Morena; su “mérito”: promover el voto a favor de la 4T entre universitarios.
Puebla tiene una Comisión de Derechos Humanos sin luz propia, convertida en apéndice del oficialismo. Calla ante abusos, omisa ante injusticias, y solo aparece para posar en las fotos de los eventos oficiales.
La podemos ver muy sonriente en los mejores eventos sociales y políticos, incluso inaugurando una casa de campaña de una diputada, pero nunca del lado de los que, por desgracia, son violentados en sus derechos humanos.
Triste papel de Rosa Isela. Triste destino de una institución que debería ser contrapeso del poder. Hoy es un simple florero decorativo. @noticiasreportero
