Por: Jesús Ramos y Carlos Clemente
Coyomeapan, Pue.- A quemarropa, sin mediar palabra, el policía estatal accionó el arma y le puso dos balazos en el abdomen al profesor de primaria Lauro Gil Arguelles, cuando él y otros quince indígenas a bordo de una camioneta pick up roja regresaban a Coyomeapan procedentes del pueblo de Tequitlali, donde fueron a ofrecer su apoyo para la fiesta patronal.
Los hechos ocurrieron en el paraje de Cobatzalco pasadas las 5 de la tarde del lunes 9 de mayo, tramo de terracería boscoso e incluso lúgubre, ideal para una emboscada. Desconfiado del gobierno de Miguel Barbosa y del fiscal Gilberto Higuera, el chofer que conducía la camioneta roja relata los acontecimientos trágicos pidiendo guardar el anonimato, aunque los del pueblo le identifican perfectamente.
—Yo venía manejando. Vengo saliendo de la curva cuando veo que se atraviesan dos camionetas estatales. De rápido freno. Mi compañero el maestro Lauro venía del lado del copiloto. Luego le dijeron ¡ya te chingaste cabrón! Y le meten el R15 y le dan dos balazos en el abdomen. Le dispararon ¡tas, tas!, tronó, y vi cómo empezó a salpicar la sangre. Me dice ¡ayúdame! Lo que hice fue agarrar el volante y cuando me doy cuenta tenía yo otro R15, uno de este lado —pone el índice a la altura de su cabeza por el lado izquierdo— y otro de frente. Me dice bájate cabrón. Cuando me dice bájate cabrón acciona el arma y no detona. No detonó el arma, entonces, lo que hizo el estatal, abrió la puerta y me jaló de la playera, me dijo ¡bájate perro!, ahí reaccioné, metí la reversa y me quise escapar porque traía gente atrás y no teníamos ninguna arma.
—¿Dónde iba el maestro?
—Del lado de la puerta del copiloto. En medio de nosotros iba otro compañero.
—¿A quién le disparan primero?
—Al maestro Lauro.
—Le pegan al profesor, accionan el arma contigo y no detona. ¿Y después? ¿En qué momento disparan a los de atrás?
—Cuando me echo de reversa ellos accionaron, los que estaban atrás, y empezaron a pegar en la batea.
—Pero las balas igual atravesaban —precisa un joven de 14 años que también iba en la batea de la camioneta y que resultó herido en el costado derecho—.
—¿Cuántas personas traías atrás? —volvemos a preguntarle al chofer—.
—Atrás venían trece y adelante tres.
—¿Los que fallecieron dónde iban? Supongo que a ellos les dispararon los de la patrulla que estaba bloqueando el paso de atrás. ¿Fue así? ¿Cuántos elementos eran?
Otros de los sobrevivientes que estuvieron ahí, intervienen:
—Yo me percaté de unos cuarenta elementos (policías estatales). Aunque los de atrás eran como unos ocho, porque de la capilla salieron cinco, más aparte los que estaban arriba de la patrulla.
—Entonces, ¿había policías escondidos?
—Sí. Era una emboscada bien planeada.
—¿Hablan de cinco patrullas?
—Eran seis. —corrige la versión oficial—.
—¿Es común que anden seis patrullas recorriendo la zona?
—No. Siempre son dos. Para empezar, nunca hacen operativos, menos en esa zona.
Desde hace más de una década los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, y el esposo de esta última Rodolfo García López son gobierno de Coyomeapan, municipio enclavado en la sierra negra. Se han pasado la alcaldía entre ellos. La gente les tilda de caciques y de atrocidad y media.
Como en elecciones anteriores, en las de junio del 2021, volvieron a ganar con fraude, acusan los de ahí. Pero esta vez, los pobladores se organizaron y no permitieron que Rodolfo García rindiera protesta al cargo de alcalde ni accediera al palacio municipal, por lo que los Celestino apoyados por Barbosa trasladaron el ayuntamiento al CIS (Centros Integrales de Servicios del Gobierno del Estado de Puebla) del municipio de Ajalpan, desde donde actualmente despacha.
Ni Rodolfo ni David ni Araceli han podido regresar a Coyomeapan desde el año pasado, los habitantes les niegan el ingreso, sus casas lucen abandonadas. Y después del incidente del pasado 9 de mayo donde perdieron la vida los indígenas Marcelo Carrera Reyes de 45 años, Teófilo Barrera Herrera de 25 y el menor de 15 años Omar Herrera Raymundo, además de siete heridos con el profesor Lauro Gil debatiéndose entre la vida y la muerte, la gente de Coyomeapan se encuentra más molesta que antes con los Celestino y con Barbosa por situarse del lado de los caciques.
Otro de los que iban en la batea de la camioneta roja esa tarde comparte la experiencia que le tocó vivir mientras eran atacados por la Policía Estatal y explica lo que ocurrió después en ese paraje que conecta a Coyomeapan con el municipio de Zoquiltán.
—Después de que el compañero difunto cayó encima de mí, nos aventaron pa´ abajo. Aventaron al que en ese momento todavía estaba con vida, a mí me azotaron, me trambucaron en la llanta de la camioneta, ya de ahí escuché todo, se decían entre ellos “es que no habíamos quedado en eso, nosotros veníamos a detenerlos no a matarlos”, entonces, mientras ellos discutían, fue en el momento que me escapé.
Unos corrieron entre la vegetación a media balacera. El menor Omar Herrera intentó huir, pero no lo logró. Su muerte, relatan, fue muy cruel. Le dispararon en el muslo a una distancia muy corta, luego, con cuchillo o navaja los policías le abrieron el pie para que se desangrara.
Mujeres que también se atrevieron a hablar hicieron la revelación que Omar todavía fue llevado a Coyomeapan con una doctora del pueblo para que le atendiera. Su deducción fue que debieron dispararle de muy cerca porque le florearon la pierna. No pudo salvarle, había perdido mucha sangre.
El joven de 14 años herido volvió a intervenir.
—Después les entró una llamada. Les avisaron que los de Coyomeapan iban pa´ arriba. Todos gritaban. Algunos policías todavía andaban buscando a los que corrieron. Les gritaron que regresaran porque venían los de Coyomeapan. Llegaron todos, se subieron a las patrullas y se fueron. La ambulancia no nos dio los primeros auxilios.
—¿Ellos llevaban ambulancia? —preguntamos—.
Otros testigos abundaron sobre el rol de la ambulancia.
—Sí. La ambulancia estuvo entre 10 y 15 minutos ahí parada pero sus ocupantes nunca le prestaron auxilio a los compañeros que estaban heridos.
—¿Tampoco es común que ande una ambulancia en esa zona?
—Pues no.
—¿Saben de dónde era? —quisimos saber si la ubicaban, si la identificaban—.
—De Zoquitlán. Llegó con las dos patrullas municipales de Zoquitlán.
—¿Y los municipales qué hicieron?
—Nada. Se quedaron arriba de las patrullas. Esos no se bajaron.
—¿Les vieron a ustedes heridos?
—Sí, pero no hicieron nada, ya después fue cuando entró la llamada y se retiraron todos. Se fueron juntos con los estatales. Y ahí dejaron una patrulla los estatales.
—¿Hay una patrulla que muestran por ahí y que tiene algunos impactos de bala?
—Eso lo hicieron ellos. En el peritaje se van a dar cuenta. Le dispararon como de un metro. Y la dejaron a propósito, como evidencia, según ellos para que digan que nosotros iniciamos la agresión.
—¿Ninguno de ustedes llevaba arma? ¿O la llevaba y no la sacó? Ellos dicen que les decomisaron una pistola, un rifle y una escopeta. —insistimos—.
—Lo único que llevábamos era un machete.
A media semana la diputada federal de Morena Inés Parra había responsabilizado de la tragedia al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y al gobernador Miguel Barbosa, ya que meses antes, les pidió mediante escrito, su intervención inmediata para solucionar el problema poselectoral de Coyomeapan y así evitar derramamiento de sangre. Todos hicieron caso omiso.
Entrevistada vía plataforma la activista Claudia Martínez señaló a Barbosa de haberse manchado las manos con la sangre de Coyomeapan. Pidió juicio político en su contra. Y anunció que el martes se reunirá con el alto comisionado de las Naciones Unidas para llevar el caso a instancias internacionales, incluyendo los derechos humanos.
Hasta el domingo 15 de mayo el Congreso del Estado, a través del líder Sergio Salomón Céspedes, no había condenado la tragedia en la que perdieron la vida los dos indígenas y el menor de edad Omar Herrera. Ni el Instituto Electoral del Estado fijó postura al respecto.
Tampoco se indignaron los diputados locales por Tehuacán Fernando Sánchez Sasia y Olga Lucía Romero Garci Crespo. Y menos el legislador por Ajalpan Adolfo Alatriste Cantú. Todos han guardado silencio cómplice. Incluso, el secretario de Educación Pública Melitón Lozano Pérez, pese a que varios de los heridos son maestros de instrucción indígena del sistema educativo poblano, ha lamentado los hechos. Las secciones 23 y 51 del SNTE están calladas.
Minutos de angustia vivieron los campesinos indígenas cuando los tenían en el piso, sometidos y apuntándoles con las armas. Cuentan que les golpearon y les robaron.
—Los Estatales nos quitaron nuestras pertenencias, a mí me quitaron 2 mil 700 pesos en efectivo y mi teléfono —denuncia una de las víctimas que milagrosamente salvó la vida—.
—Marcelo, el difunto, también llevaba su teléfono y se lo robaron. Todo nos quitaron, todas nuestras pertenecías nos fueron quitando todo, nos bolsearon —añade uno más de los que estuvieron ahí—.
—A otro compañero le quitaron su chamarra, nuestras identificaciones, eso es robo agravado porque ellos tenían armas.
Uno a uno denunciaron su experiencia.
—A mí me identificaron porque en mi celular traía mi identificación, ahí dijeron son ellos, son ellos. Ya valieron madres cabrones, de aquí no la van a librar.
—Nos pateaban y nos decían recen cabrones, porque hasta aquí llegaron. No quisiera que otro estuviera en mi lugar porque sí sentimos la muerte en ese momento —relataron las víctimas del atentado visiblemente molestas por recordar los hechos—.
A una semana de los acontecimientos, ninguna de las víctimas que estuvieron esa tarde en el lugar de la emboscada han declarado ante alguna autoridad competente.
Ningún representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha trasladado a Coyomeapan a buscar declaraciones de los indígenas respecto a los hechos ocurridos la tarde del lunes 9 de mayo en el paraje de Cobatzalco.
A los familiares de los tres campesinos asesinados, a ellos sí les tomaron su declaración, a pesar de no haber estado presentes cuando ocurrieron los hechos sangrientos.
—A nosotros no nos han llamado para nada. Más que nada pues porque varios del pueblo tienen órdenes de aprehensión —muchos somos acusados de causar destrozos en la presidencia municipal durante las manifestaciones de oposición a la toma de protesta del alcalde—.
Derivado del conflicto electoral del 2021 y de la oposición de los habitantes de Coyomeapan contra los Celestino, existen 32 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar y cuatro personas encarceladas por diversos delitos. Son presos políticos, denuncian.
—Ni agentes de la Fiscalía ni la Policía Estatal han podido entrar al pueblo, no los vamos a dejar— insisten los pobladores—.
—Los que sí han entrado es la Guardia Nacional, ellos sí se dan sus vueltas, incluso fueron los primeros que nos ayudaron esa noche y si hubieran regresado los estatales, yo creo que sí nos hubieran defendido. De la Guardia Nacional sí vimos el apoyo, si dieron la cara por nosotros.
—Posteriormente llegó un general del Ejército de la zona de Veracruz-Puebla, medio prepotente, ese dijo que si él quería rodeaba con sus hombres el pueblo y nos sacaba.
Los pobladores han sentido el respaldo de la Guardia Nacional, no así de otras instancias gubernamentales. Fueron dos patrullas de la GN los primeros que llegaron al punto, los primeros respondientes.
—Les pedimos el apoyo (a la GN) y fueron los primeros que llegaron al lugar.
—Pues a nuestros muertos y heridos, fue la gente la que ayudó con sus propios medios, los trasladamos primero aquí con médicos particulares de Coyomeapan, luego los bajamos al valle a Coxcatlán, ahí no nos quisieron atender, nos dijeron: “Nosotros no atendemos delincuentes”.
Entre ellos intercalan la voz, comparten la versión de los hechos.
—Nos los llevamos a Tehuacán, dos maestros están en hospital particular y otros dos están en hospital general, son custodiados por Fiscalía y Policía Estatal.
—El profesor Lauro sigue grave, es al primero que le dispararon en la cabina de la camioneta, dos disparos le dieron. Iban sobre él, iban a matarlo. No nos dijeron párense, iban directo.
—El profesor Lauro y Marco Antonio Solís Ramos, también maestro, tienen orden de aprehensión, los dos.
Los familiares de los tres campesinos indígenas asesinados revelan que el Semefo se llevó los cuerpos a Tehuacán. Fue un calvario para que los recuperaran, según cuentan. Los trajeron de arriba para abajo, les pidieron toda clase de documentos y nadie de parte del gobierno o del Fondo para la Reparación del Daño, les brindó ayuda, acompañamiento o asistencia.
A la fecha el gobierno de Barbosa, el DIF estatal o alguna otra dependencia no les ha apoyado.
Son familias indígenas muy humildes. De su bolsa y con la cooperación de la gente del pueblo pudieron completar para los gastos funerarios.
Los familiares de los tres fallecidos denuncian que en ningún momento les entregaron los resultados de las respectivas autopsias practicadas a los cuerpos, a fin de determinar con precisión las causas de su muerte, cuántos disparos recibieron, en qué partes del cuerpo y a qué distancia los habrían asesinado.
No informaron a los familiares si les practicaron la prueba de rodizonato de sodio para confirmar –como asegura la versión del gobierno barbosista- si ellos dispararon alguna arma de fuego.
El acta de defunción, mostrada por los familiares de Omar Herrera, el menor asesinado, no establece que fue a causa de un impacto por arma de fuego, solo incluye que presentó un shock hipovolémico, herida cortante en arteria femoral izquierda y herida constante en región inguinal izquierda.
A pesar de que la doctora particular que le atendió en Coyomeapan señala que el disparo recibido en la pierna izquierda fue a una distancia muy corta y que las heridas cortantes fueron hechas por una navaja, el documento oficial no lo incluye.
Los sobrevivientes del atentado no tienen la menor duda de que iban por ellos los casi 40 sujetos que portaban uniformes de policías estatales y que llevaban la consigna de asesinarlos, por ello dispararon a quemarropa, directo, desde que se acercaron a la camioneta. En ningún momento les marcaron el alto ni les pidieron que se identificaran.
Las víctimas de esa tarde hacen una revelación por demás importante.
—Nosotros no podríamos identificar a los policías porque llevaban pasamontañas todos ellos. Es más, pensamos que no todos eran policías, aunque iban armados y llevaban uniforme.
—Luego de que dispararon, hay un momento en que discuten entre ellos, “es que no habíamos quedado en eso, nosotros veníamos a detenerlos no a matarlos”. @DiarioReporeter
