Por Carlos Clemente
A propósito de los tres años que cumplió el gobernador Barbosa como titular del poder Ejecutivo, es oportuno señalar algunos rubros en los que marcadamente los poblanos no observan avance alguno, por el contrario, un claro retroceso.
Se trata de temas que, indudablemente, se convierten en un reto para lo que resta de su gobierno, escasos 28 meses y medio.
Hablar de la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos es una burla para el pueblo de Coyomeapan, donde la Policía Estatal emboscó a dieciséis indígenas, asesinó a tres, un menor de edad entre ellos, e hirió a otros ocho el 9 de mayo de este año.
Para los indígenas asesinados en el paraje Cobatzalco, ubicado entre Coyomeapan y Zoquitlán, en la Sierra Negra de Puebla, la justicia no ha llegado. El conflicto social tiene un origen político-electoral que Barbosa no ha querido resolver al apoyar incondicionalmente al grupo caciquil de los Celestino.
Mientras en el discurso se dice solidario con familiares de víctimas de desaparecidos, en realidad el gobierno barbosista maquilla cifras, simula trabajos de búsqueda y desoye reclamos de justicia, ya que desde la Fiscalía poco o nada hacen para agilizar las investigaciones.
Familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales constantemente se manifiestan y protestan en demanda de que las autoridades atienden este grave problema que en Puebla aqueja a más de mil 500 familias. Al menos en julio se registró una persona desaparecida diariamente, tema que desde el Ejecutivo se invisibiliza.
Se dijo engañado por sus propios secretarios de Seguridad Pública, ya que durante mucho tiempo el gobernador –aseguró- desconocía la podredumbre y corrupción de los Centros de Readaptación Social, hasta que detonó el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue encontrado en la basura del penal de San Miguel.
El caso Tadeo vino a cimbrar al gobierno de Puebla porque puso en evidencia el podrido sistema de funcionamiento de los penales y exhibió al barbosismo como un gobierno corrupto.
A la fecha prevalecen las denuncias por autogobiernos, introducción de droga y violación a derechos humanos en los penales de Tehuacán, Ciudad Serdán y de privilegios y negocios turbios en San Miguel y San Pedro Cholula, pero desde el gobierno de Barbosa se guarda silencio.
Una y otra vez, el gobernador ha asegurado que en Puebla no hay delincuencia organizada y que ningún grupo delictivo tiene el control de región alguna en todo el territorio poblano.
El pasado 21 de julio en la comunidad de Teutla, en Jolalpan, el grupo de autodefensas Fuerza Territorial Poblana y un grupo de la delincuencia organizada se enfrentaron, el saldo fue de seis muertos y 16 heridos.
Se presume que el grupo criminal pertenece a la organización de Los Rojos, quienes controlan varias regiones en la Mixteca, desde Acatlán hasta Izúcar de Matamoros.
Las ejecuciones han ido en aumento en varios puntos del estado como Tehuacán, Acatlán, Serdán, Atlixco, Puebla y zona conurbada, así como el tiradero de cadáveres y cuerpos desmembrados, signo inequívoco de la presencia y operación de la delincuencia organizada y tráfico de drogas.
Los feminicidios, el desempleo, el aumento de la pobreza, la falta de obra pública, el pésimo sistema de transporte público, la municipalización del agua potable, el no crecimiento económico, son temas de una agenda pública pendiente para la cual podría ya no haber tiempo.
Son temas que el gobernador no aborda en las mañaneras virtuales, donde las preguntas a modo sólo dan paso al lucimiento personal, al mensaje unidireccional y al reproche a la que llama “prensa malqueriente”, por recordarle que hay poblanos que no comparten la Puebla que él ve desde la comodidad de su oficina. @DiarioReporter
