Por Carlos Clemente
Durante cinco años, ambiciosos como son, los concesionarios del transporte público se dedicaron a llenar las bolsas de dinero pensando que sus unidades serían eternas y que no era necesario renovarlas; por su parte el gobierno se tiró a la hamaca, no puso orden, fue permisivo y ahora el transporte irregular y pirata pisotean la ley.
Hoy los transportistas manotean, protestan, exigen tarifazo y que el gobierno les cumpla el subsidio y les de financiamiento para nuevo parque vehicular. Vaya cinismo. ¿Y su nieve?
Para ser realistas, en Puebla el transporte público es deficiente en términos de movilidad, con más del 50% de unidades obsoletas y un servicio inseguro.
Para resolver el caos, la única salida que plantean es un tarifazo, en perjuicio –como siempre- de los ciudadanos.
Sin embargo, el gobernador Armenta fue claro al advertir que “primero la modernización y luego aumento”.
Reconoció la inconformidad de los transportistas, por ello “hay pláticas, sí. Pero primero se debe cumplir con el acuerdo de octubre de 2019”.
Aquel año, el exgobernador Barbosa les otorgó de un plumazo un significativo incremento del 41%; el último ajuste ocho años antes, en 2011, fue del 38.35% por ciento.
Según los considerandos del acuerdo, los transportistas se comprometían con la modernización.
A cinco años de distancia, los concesionarios del transporte público incumplieron absolutamente en todo. Sólo pensaron en enriquecerse.
El gobierno por su parte se desentendió, nunca obligó a los concesionarios a modernizarse, no actuó y toleró el desorden e incremento a niveles exagerados de las unidades irregulares, la invasión de rutas y el pirataje en todo el estado.
Ahora que los transportistas exigen un aumento en las tarifas de entre 12 y 19 pesos (entre 41.17 y 123.5%), para los ciudadanos es un insulto por el deficiente servicio que ofrecen.
Mensualmente la Secretaría de Movilidad y Transporte recibe 300 quejas de usuarios por el mal servicio.
Según el registro oficial, arriba del 50% de las 37 mil unidades que circulan cuentan con más de 10 años de servicio.
Incluso existen algunas unidades del año 2000 que aún trabajan, contraviniendo las disposiciones legales vigentes. Unas auténticas chatarras.
En municipios como Tehuacán, nueve de cada diez unidades, prestan el servicio sin placas, es decir, son concesiones irregulares.
El transporte pirata, que no tiene concesión, es controlado por grupos de poder como Antorcha Campesina, nadie los toca.
Cuando José Luis Barrientos Sánchez, del Movimiento Empresarial Transportista; Samuel Méndez Díaz, líder de la agrupación Enlace Transporte de Puebla; Delfino Reyes Bocardo, entre otros, marchan y demandan aumento al pasaje, deberían admitir que durante cinco años les valió madre la modernización.
Silvia Tanús y Juan Manuel Vega, se sacaron la rifa del tigre. @DiarioReporter