Por Carlos Clemente
El transporte público continúa siendo uno de los grandes pendientes de los gobiernos estatales en turno.
Cada alza al precio del pasaje va acompañada de una promesa de modernización que nunca llega.
En todo el estado, proliferan unidades piratas, existe invasión de rutas, circulan vehículos con más de 10 años de antigüedad, mototaxis suben y bajan por doquier y, por si fuera poco, los usuarios recurrentemente son víctimas de la delincuencia.
Este miércoles 13 de octubre, se cumplen los primeros seis meses de Elsa María Bracamonte González, al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Nada ha cambiado en la dependencia desde su llegada.
Los ciudadanos sufren las consecuencias de un transporte público sin orden, irregular y con los vicios de siempre.
Tras el despido fulminante de Guillermo Aréchiga Santamaría, acusado de corrupción –en palabras del propio titular del Ejecutivo- se esperaba un golpe de timón en la forma de abordar los problemas de transporte público.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, establece que la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene como obligación “Formular y conducir las políticas generales, normas y lineamientos, de seguridad vial, movilidad y transporte del estado, atendiendo las necesidades de los municipios…”; además, “promover y fomentar la seguridad y protección de los conductores y usuarios de los servicios de transporte…”.
Lo anterior es letra muerta para la titular de la dependencia, de formación abogada y maestra en Políticas Públicas.
En nada le ayudan personajes como la subsecretaria Ana Laura Olavarría Aceves y el director de Inspección y Vigilancia, Fernando de Jesús Loranca Huidobro, a quien transportistas señalan de ser el nuevo recolector de cuotas al transporte irregular.
En las últimas dos semanas, unidades de las rutas Azumiatla, Bulevar CU y Loma Bella, atropellaron y dieron muerte a tres mujeres mayores de edad. Los operadores están desatados.
De enero a junio de este año, se han visto involucradas unidades de transporte público en 92 accidentes viales con 47 lesionados, tan sólo en Puebla capital. Nadie mete orden.
El 13 de marzo pasado, tres personas perdieron la vida, dos adultos y una menor de edad, en la colonia Tilostoc de la Junta Auxiliar de La Resurrección de la ciudad de Puebla, cuando el conductor de un mototaxi por exceso de velocidad perdió el control y se estrelló contra una barda.
En ese momento el gobernador prometió que los mototaxis serían regulados. Son «un cáncer que dejaron los gobiernos panistas», acusó.
A siete meses de ese lamentable accidente, la SMT no ha presentado ningún plan o estrategia para enfrentar el añejo problema. Siguen sin ser regulados, operan al margen de la ley.
En un acto de campaña, el 9 de abril de 2019 en Coronango, Barbosa Huerta se comprometió a regular los mototaxis: “Vamos a analizar la modificación de la Ley del Transporte para poder reconocer a los moto-transportistas como transporte autorizado”, ofreció.
“Una vez ganada la elección se establecerá una mesa de diálogo para regularizar el transporte público y ahí tendrá que estar este tema del mototransporte”, prometió.
En días recientes, el mandatario anunció una reforma a la Ley del Transporte para regular el servicio de grúas y corralones, pero nada sobre el complejo tema de los mototaxis.
La modernización del transporte público deberá aguardar otros tiempos, no es prioridad para las autoridades.
Como en todo gobierno, el problema no son las leyes, sino los funcionarios sin capacidad ni voluntad para aplicarla. @DiarioReporter
