Por: Jesús Ramos
El fallo fue bárbaro, tremendo. Una bofetada sin guante blanco. A ningún estado de la república mexicana la ONU le había responsabilizado tan rápidamente por acciones criminales como lo hizo con Puebla.
Chequen. Revisen. Echen una ojeada a los resolutivos añejos. Es más, a los recientes. No se queden con la espinita clavada.
De uno a dos meses tarda normalmente la Organización de las Naciones Unidas en fijar una postura cuando presume delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, pero en el caso de Coyomeapan, no tardó ni una semana en fincar esa responsabilidad al Gobierno de Miguel Barbosa por los asesinatos del 9 de mayo y por privar de la libertad a cuatro presos políticos.
Representantes de las Naciones Unidas fueron a Tehuacán el 26 y 27 de mayo a escuchar las versiones de los indígenas que sobrevivieron a la emboscada, oyeron a los deudos de los asesinados, a los presos políticos, a los heridos y hospitalizados.
“Preocupa a la ONU-DH el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil”, concluyó el representante de la ONU en México, Guillermo Fernández-Maldonado, después de conocer los detalles de la emboscada donde tres indígenas fueron asesinados a sangre fría por elementos del estado.
Supo del ardid gubernamental montado desde el más alto nivel estatal para responsabilizar a los indígenas por delitos no cometidos. Y de las ambiciones del gobierno barbosista para controlar los recursos naturales del municipio: madera, oro, plata y litio.
Ese es el meollo del asunto, dio en el clavo la ONU. Por eso el conflicto poselectoral y la negativa de la gente para permitir ser gobernados en lo municipal por los caciques Celestino Rosas. Por eso la fabricación de delitos de parte del gobierno, la criminalización de los indígenas y las ejecuciones extrajudiciales como las del 9 de mayo.
Y encima de todo eso, refiere la ONU, un gobierno del estado insensible que no ha brindado apoyo a las familias de los asesinados, a los heridos y que no respalda la libre determinación de los pueblos indígenas.
Las Naciones Unidas ha urgido a la Fiscalía General del Estado de Gilberto Higuera Bernal investigar a fondo, en un plazo razonable, y aplicar la justicia a los autores materiales e intelectuales de la emboscada del 9 de mayo en el paraje de Cobatzalco, colindante con los municipios de Zoquitlán y Coyomeapan.
Un dato por demás importante. Guillermo Fernández-Maldonado, ha solicitado al gobierno de Barbosa que informe y acredite que cumplió con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego en el caso específico de Cobatzalco, lo que no podrá acreditar porque los indígenas viajaban desarmados en una camioneta roja, como ya se sabe, y jamás les hicieron el alto. Les dispararon a quemarropa. @DiarioReporter
