Red de corrupción en el Registro Civil

*La secretaria de Gobernación Ana Lucía Hill es omisa al funcionamiento de esta maquinaria de actos ilícitos que reditúa ganancias millonarias.

*Brindan servicios por debajo del escritorio con actas de nacimiento y de defunción.

*Celebran bodas VIP en salones sociales propios, servicios de banquetes y a domicilio con costos altos.

Por Redacción

Una amplia red de corrupción y complicidades operan en el Registro Civil del Estado, donde los trámites de enlaces matrimoniales, juicios y rectificaciones de actas de nacimiento, registros extemporáneos y actas de defunción, tienen un costo conforme a las necesidades de los ciudadanos que lo solicitan.

El entramado va desde la dirección general que encabeza Manuel Carmona Sosa, la subdirección general a cargo de Alejandra Guadalupe San Martín Huerta, pasando principalmente por los cinco jueces de la zona metropolitana, quienes operan a través de su personal con toda libertad y contemplación de la secretaria de Gobernación Ana Lucía Hill Mayoral.

Cada trámite tiene una tarifa oficial establecida por la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, sin embargo, cuando la gente quiere realizar un movimiento en el menor tiempo posible y con menos requisitos o sin ellos, es ahí donde los operadores entran en acción para ofrecer el servicio express, pero con un costo tres o cuatro veces mayor al oficial.

Diario Reporter cuenta con las libretas de registro alternas de los negocios que se hacen de manera extraoficial en la cual se reflejan los millonarios ingresos que genera la red de corrupción y que se distribuyen entre los participantes.

Además, con el testimonio de ex empleados del Registro Civil, logramos entender el funcionamiento del engranaje de corrupción, cómo opera, quiénes participan y hasta donde llegan las complicidades de este millonario negocio.

BODAS A LA CARTA

En los juzgados del Registro Civil se ofrecen los servicios de enlace matrimonial a la carta. Desde servicio con canapés y vino en el propio juzgado hasta salones sociales para el festejo.  Al gusto de los novios y al alcance del bolsillo de aquel que lo requiera según las posibilidades económicas.

El acta de matrimonio apenas rebasa un costo oficial de 700 pesos, sin embargo, los servicios del juez fuera de las oficinas y en fin de semana llegan a cobrarse desde 2 mil 300 pesos hasta 5 mil. Dependiendo el nivel socioeconómico de los contrayentes. O más incluso.

Hay muchas maneras de operar, explican en su testimonio los extrabajadores. Con el pretexto de la agenda apretada y una fecha muy lejana a la requerida, se hace presión sobre los novios para que accedan y eroguen una cantidad mayor a la establecida oficialmente.

“Los mismos jueces llegan a ofrecer paquetes de boda con salones sociales, servicio de casamiento y banquete para la celebración del enlace”, revelan.

“Incluso por una módica cantidad de dinero se pueden disculpar los estudios prenupciales, los cuales anteriormente se enviaban a revisión, ahora ya no. Todo tiene un costo adicional”, abundan.

Los informes mensuales de los jueces reportan escasos matrimonios fuera de oficina, porque ese dinero extra que cobran no ingresa al Registro Civil, sólo reportan el monto básico de un enlace matrimonial realizado en la oficina.

Ese registro extraoficial de bodas, cuya copia obra en poder de Diario Reporter, revela el millonario negocio de los juzgados, con fechas, nombres y teléfonos de quienes contrataron los servicios en los últimos meses y años.

De acuerdo a los informantes y a las libretas alternas, existe un aproximado de 60 bodas al mes por juzgado que se realizan fuera de la oficina y en fines de semana. Haga cuentas.

RECTIFICACIONES DE ACTAS

Otra área de corrupción son las rectificaciones de actas de nacimiento y registros extemporáneos, en cuya red participa principalmente Daniel Ruíz Jerónimo, juez segundo, siendo Javier Jara Fregoso y José Arturo Parra Rodríguez, dos de los principales operadores, junto con Adrián Juárez, quien ya ha sido denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por diversos ilícitos administrativos, pero forma parte del engranaje de corrupción y por lo tanto se mantiene.

El juez Daniel Ruíz Jerónimo, firma como testigo las actas, lo que revela la ilegalidad de los trámites, pues actúa como juez y parte en vez de exigir la presentación de testigos, además de que otorga actas de nacimiento a personas indocumentadas.

Desde los mismos juzgados se llevan a cabo los juicios para rectificaciones de actas, lo que va contra la norma, con costos desde 5 mil pesos o más, de acuerdo a la urgencia del solicitante.

ACTAS DE DEFUNCIÓN

Las actas de defunción también son sujetas a negociación. Principalmente con las agencias funerarias quienes realizan el trámite a cualquier hora y en cualquier día de la semana, a través de una guardia que es rotativa entre los juzgados. El negocio ha sido muy rentable en este rubro, sobre todo durante los días más críticos de la pandemia de Covid 19.

Dichas actas son gratuitas para el ciudadano, sin embargo, para las agencias funerarias tiene un costo de 200 pesos –mismo que recuperan a su manera con todo el servicio que brindan-, en promedio se llegan a registrar de 800 a mil actas de defunción por juzgado al mes.

Cabe señalar que en los días más difíciles de pandemia hasta 2000 registros se llegaron a alcanzar.

En febrero del año pasado empleados de funerarias denunciaron que el juez quinto José Francisco de la Fuente Flores, cobraba 100 pesos por acta de defunción entre semana y 200 pesos los fines de semana, pese a que el documento es gratuito. Aunque los quejosos solicitaron la intervención de las autoridades estatales nada se hizo y el juez sigue operando con total impunidad.

Una pieza fundamental de este engrane es la subdirectora del Registro Civil, Alejandra Guadalupe San Martín Huerta, quien entró por recomendación de su tío, el ex diputado Saúl Huerta, el mismo que enfrenta procesos penales por abuso sexual de menores. Ella estuvo antes en la Dirección General del Notariado donde tuvo señalamientos por diversas irregularidades.

Los jueces que deciden entrar a la red de la corrupción del Registro Civil son enviados a lugares cercanos, son privilegiados en Puebla capital y zona metropolitana, los que no, de plano los mandan a los lugares más apartados, donde no cuentan con servicios elementales como luz o internet y tienen que arreglárselas para llevar a cabo su trabajo, señalan los extrabajadores que revelaron la ilegalidad en la Secretaría de Gobernación de Ana Lucía Hill.

Desde la dirección general del Registro Civil se decidió a finales del año pasado recortar personal bajo el pretexto de una política de austeridad, sin embargo, sólo fue para reacomodar al personal y colocar a incondicionales en lugares claves para seguir operando esta red de complicidades y de corrupción.

En ese recorte, también fue despedido Abner Castelán, quien se desempeñaba como juez tercero en la capital poblana, para permitir el acceso a Julio Fierro, persona incondicional del director general. @DiarioReporter