*La SMT es omisa a la irregularidad y la corrupción.
*El usuario está expuesto a que lo secuestren y en caso de accidente a que el permisionario evada los gastos médicos.
*Barbosa admite que esto ya es un caos, que se le salió de control.
Por Carlos Clemente
El transporte público pirata se le ha salido de control a la autoridad estatal. Las reformas legales en la materia no han solucionado este grave problema que ni garantiza la integridad del pasajero ni su seguridad frente a la horda de delincuentes que a diario ataca las unidades colectivas.
Viajar en transporte público sin placas, teniendo incluso la razón social de la ruta colectiva, es exponer al usuario al secuestro. Y en caso de un accidente, a que el permisionario evada los gastos médicos que tendría que dar al pasajero.
Actualizar, modernizar y dar nuevas facultades mediante cambios a la ley es irrelevante si desde el gobierno del estado no se cumple el marco normativo existente, mismo que tolera la irregularidad, la corrupción y es omiso al cumplimiento de obligaciones con la Secretaría de Movilidad y Transporte.
A casi tres años del gobierno de Miguel Barbosa, se ha hecho añeja la prometida “modernización del transporte”; es evidente la incapacidad del gobierno estatal para garantizar un eficiente servicio. Lo realmente urgente es, al menos, su ordenamiento:
Primero, detener el pirataje que se ha desbordado en todo el estado; y segundo, replantear mediante estudios técnicos serios los nuevos centros de movilidad población a fin de atender con eficacia el exceso de demanda, coinciden transportistas organizados y especialistas.
PIRATAJE EN TODO EL ESTADO, SIN FRENO
Sin un sistema efectivo de supervisión, que sigue siendo una fuente inagotable de corrupción, el transporte público navega en un mar de irregularidades: invasión de rutas, nuevos derroteros no autorizados, prestación de servicio sin la autorización correspondiente, placas falsas, unidades viejas y en malas condiciones, seguro de viajero inexistente, entre otras.
Vehículos particulares prestan el servicio de transporte público y mercantil al margen de la ley en zonas urbanas y suburbanas de Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Ciudad Serdán, Tepexi de Rodríguez, Acatlán, Tehuacán y Tecamachalco, y el colmo de los casos en Puebla y zona metropolitana, destacando el caso del Periférico.
Proliferan los sitios de taxis en autos particulares y los servicios de Urvan, que circulan en rutas donde la demanda ha incrementado por los cambios de movilidad de la sociedad y que las autoridades no atienden.
Así, se observa que estas unidades, sin permiso correspondiente, recorren vías estatales y carreteras federales, ejemplo de ello, las unidades tipo Urvan con recorridos entre Izúcar-Puebla y Tehuacán-Puebla.
En el municipio de Tepexi de Rodríguez y comunidades vecinas, la necesidad de transporte ha generado rutas piratas cuyas unidades prestan el servicio sin placas, ni concesiones y sin seguro para el viajero.
Otro caso, Ixcaquixtla, más de 100 taxis operan desde una supuesta aplicación denominada Titi-Cars, misma que no está regulada por autoridad alguna.
Los transportistas, denuncian que en Atlixco han aparecido nuevas rutas sin los permisos correspondientes que van de Atlixco a Tlaxcalancingo y de Atlixco a Axocopan, atendiendo la demanda en aumento por la plazuela del productor.
Por otro lado, decenas de taxis piratas en Acatlán de Osorio, prestan servicio colectivo, se multiplican en poblaciones como Xayacatlán, Tehutzingo, Piaxtla, Chila de las Flores, Totoltepec, Chinantla, San Pedro Yeloixtlahuaca, entre otros, donde la demanda no es atendida de manera formal.
En Tepeaca, nuevas rutas de transporte irregular viajan de Huixcolotla hacia Acatzingo; en Huauchinango hay unidades que viajan hacia Xaltepec y Xilocuautla.
Llama poderosamente la atención, el caso del transporte pirata que circula en el Periférico, circulan desde San Pedro y San Andrés Cholula, hacen base en plaza San Diego y llegan hasta San Francisco Totimehuacán. Son decenas de autos particulares que prestan el servicio de manera ilegal y que las autoridades no pueden frenar debido a la demanda existente.
En el municipio de Tehuacán, existen 733 concesiones autorizadas, pero circulan más de mil 200 munidades, es decir, 467 vehículos prestan el servicio de manera irregular y cubren las rutas de Altepexi, Ajalpan, Coxcatlán, Teotitlán, Tilapa, Chapulco, San Bartolo Teontepec, San Cristóbal Tepeteopan, entre otros.
El caos del transporte público tiene varios meses, pues con total impunidad circulan las unidades sin placas, y no hay autoridad que pueda poner un alto a tantas ilegalidades, denuncian transportistas legalmente constituidos, que temen dar sus nombres por temor a represalias.
El municipio de Santiago Miahuatlán es el que más transporte irregular tiene, pues van desde rutas piratas, taxis y mototaxis. Trabajan con tolerancia de algún tipo de autoridad, considera un líder transportista de la región. Hay decenas de mototaxis, alrededor de 18 vehículo simulados de taxis y 7 Urvan, sin permiso.
«No es válido que uno tenga que pagar mucho para poder ser regular mientras que otros ganan más; el sólo hecho de cobrar menos ya nos perjudica», argumenta.
EL TRANSPORTE, UN CAOS: BARBOSA
“El tema del transporte público en la entidad se volvió un caos, principalmente por el solapamiento de autoridades para la operación de servicios irregulares”, se lamentó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el pasado 26 de noviembre, en un intento por justificar la nueva Ley del Transporte enviada desde Casa Aguayo y que los diputados aprobaron de manera unánime sin quitarle una coma.
El gobierno estatal, prácticamente a la mitad de su administración y con dos titulares en la Secretaría de Movilidad y Transporte, no atina a reorganizar el transporte público. Destituyó al primer secretario y lo acusó de corrupto, pero aplicó aumento al pasaje con la promesa de renovar el parque vehicular y la colocación de cámaras conectadas al C5. Nada de eso ocurrió.
La semana pasada, el Congreso del Estado aprobó un nuevo marco legal que, aseguran ahora sí, pondrá fin a “todas las irregularidades heredadas de los anteriores gobiernos”.
Desde la Comisión de Movilidad y Transporte, que preside la diputada priista Isabel Merlo Talavera, avalaron al vapor una ley que apenas comienzan a consensar con el gremio. Legislan y después consultan.
La nueva ley, abre la posibilidad de autorizar “mototaxis” en municipios con necesidades específicas; sin embargo, hay miles de unidades de ese tipo que prestan el servicio en la ilegalidad en Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Puebla, Coronango, Cuautlancingo, Amozoc, incluso funcionan como “halcones” o distribuidores de “huachicol”, en regiones como el triángulo rojo.
Tan grave es el problema que la propia secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa María Bracamonte González, admitió no tener idea de cuántos mototaxis circulan en el estado, ya que dijo “operan en la clandestinidad” (sic).
La nueva Ley por sí misma, no garantiza que el problema se resuelva, la autoridad tiene que actuar, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
SIN COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
En gran medida, el caos del transporte público tiene lugar ante la falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno para enfrentar el problema. El gobierno del estado culpa a las autoridades municipales por solapar el transporte pirata, pero éstos argumentan que no tienen facultades para actuar.
La desatención y falta de coordinación, revela una grave omisión de las autoridades federales, estatales y municipales, pues se carece de inspección y vigilancia sobre el transporte público.
Incluso, cuando se llevan a cabo algunos operativos, son elementos municipales quienes alertan al transporte pirata, está plenamente probado que ocurre de esta manera, denuncian transportistas.
La oferta de transporte irregular se multiplica porque el estado no ha podido controlar el problema ni ha dado respuesta a una demanda creciente.
De esta manera, el control del transporte pirata lo asumen organizaciones independientes, no el estado o la SMT, acusan.
URGENTE REORGANIZAR EL TRANSPORTE
Especialistas del tema señalan que existen regiones en el estado donde la demanda ha crecido de manera exponencial y otras donde ha disminuido, debido a factores de movimiento poblacional. Sin embargo, la SMT no realiza estos estudios técnicos que permitan atender tales necesidades de transporte, lo que da origen al pirataje, éste existe porque hay una demanda real que no atiende el estado a través de las concesiones debidamente autorizadas, coinciden especialistas.
Destacan que más allá de la irregularidad en que operan y la falta de cumplimiento a la normatividad, existen un cúmulo de delitos que podrían registrarse a la luz del funcionamiento del transporte pirata, hay un riesgo permanente de la población al ocupar este servicio, los ciudadanos se encuentran en la indefensión total.
Los poblanos deberán seguir esperando para que las autoridades concreten un servicio moderno, seguro y eficiente. @DiarioReporter
