Por Carlos Clemente
Las comparecencias de los secretarios del gabinete y el fiscal general tienen el propósito de explicar a fondo y con detalle la situación que guarda el estado luego del informe que obliga la ley al titular del Ejecutivo presentar ante el poder Legislativo.
Del 19 de enero al 9 de febrero, después de 9 comparecencias ante el pleno y 6 en comisiones, con dos carteras pendientes y el fiscal general, entre los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios lo único que ha prevalecido es desinterés, desinformación y nulo análisis del informe. Irresponsabilidad y falta de compromiso, pues.
Los diputados, todos, lucirían decorosos si al menos echaran una breve lectura a las carpetas que cada secretaría envía previamente y no sólo a las tarjetas que les deslizan con las preguntas sugeridas, a modo, para lucimiento de los enviados del gobernador.
En cambio, penosamente se han convertido en los principales aplaudidores y porristas de la administración estatal. Están más interesados en posar para la foto y lucir en sus redes sociales que en cuestionamientos de fondo. En hacer su trabajo, para decirlo de otra manera.
Se pensaba ingenuamente que en una segunda legislatura con mayoría morenista, el esquema de comparecencias cambiaría para convertirse en un verdadero ejercicio democrático de rendición de cuentas.
El exmorenovallista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, bien pudo sorprender con una dinámica distinta, pero anda más preocupado porque Jorge Estefan Chidiac le está tumbando el liderazgo camaral que ostenta por dedazo, pero que en realidad le ha quedado grande.
Es natural que los grupos parlamentarios de Morrena, PT y Verde, cobijen a los secretarios que asisten al Congreso local. Es comprensible. Sabemos a qué intereses responden y que saben ser agradecidos.
Pero, ¿Y la oposición? Los representantes legislativos de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática lucen sumergidos en su curul, impasibles e indolentes.
Si no fueran gobernados por su desidia, bien podrían cuestionar la falta de transparencia y rendición de cuentas del gasto de 4 mil millones de pesos originado por la pandemia; la inseguridad pública galopante y el aumento de la violencia por la lucha de plazas entre los cárteles que ya es una realidad en diferentes municipios de la entidad.
Evidenciar la negligencia de la administración estatal que derivó en la explosión en San Pablo Xochimehuacán; preguntar por los concursos de ascenso vertical simulados y la publicación de convocatorias para supervisores, jefes de sector, subdirectores y directores de educación amañadas.
Indagar por qué, pese a la fuerte inversión en programas sociales no se han logrado revertir los indicadores de pobreza; hasta cuándo habrá una política gubernamental que visibilice el tema de los desaparecidos; por qué las acciones que se informan no tienen un efecto real en la sociedad y continúan en aumento los feminicidios; por qué no se combate la corrupción en los penales, por ejemplo.
O para cuándo la nueva ley del transporte se reflejará en un mejor servicio público; qué ha ocurrido con la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos bien remunerados para poblanos; por qué la ejecución de obra pública es lenta y prácticamente invisible en el territorio poblano.
Es claro que los diputados son víctimas de sus intereses personales, acuerdos y compromisos políticos que se ven impedidos para cuestionar la inexistencia de políticas públicas con resultados. @DiarioReporter
