Por: Jesús Ramos
Andan molestos en el gobierno federal porque la administración de Miguel Barbosa ya se tardó con el informe del caso Coyomeapan. Y encima de todo, la ONU, a través del alto comisionado en México Guillermo Fernández, insiste para que le sea proporcionado aunque sea un avance.
Cada día que pasa aumenta la presión hacia el gobierno local y la Fiscalía.
Dos semanas, y avanzando la tercera, y Puebla esta silente. No le ha echado ganas. Su silencio ha despertado sospechas al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por lo grave que podría resultar la verdad que ocultan los cuerpos policiacos y las autoridades estatales.
La hipótesis de que la policía habría emboscado a los indígenas, profesores y campesinos acompañada de sicarios cobró fuerza a partir del croquis y uniformes que encontraron habitantes de Coyomeapan en un paraje cercano a donde ocurrieron los asesinatos.
Ayer trascendió la versión de que seis policías estatales habrían sido detenidos en Tehuacán y puestos a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, falta que el fiscal Gilberto Higuera lo confirme.
El reporte que en primera instancia leyó el secretario de Seguridad Pública Daniel Cruz Luna acompañado del gobernador Barbosa, al día siguiente de los hechos, fue en el sentido de que los indígenas portaban armas largas y se trató de un enfrentamiento.
Los sobrevivientes se encargaron de desmentir dicha versión al revelar que seis patrullas de la Policía Estatal con alrededor de cuarenta elementos les interceptaron en el paraje de Cobatzalco y les dispararon a quemarropa.
Como primeros respondientes, la Guardia Nacional respaldó la versión de los indígenas al reportar a sus superiores que en efecto iban desarmados y se trató de un ataque no de un enfrentamiento como lo divulgaron los medios oficiales.
Se sabe que representantes de Gobernación federal y de la ONU tienen agendadas visitas a Puebla en próximos días para tratar exclusivamente el tema de Coyomeapan y los presos políticos que la administración de Barbosa se niega a liberar.
A la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha recogido todas las versiones de los indígenas que sobrevivieron a la emboscada. Se conformó con las declaraciones de familiares que no estuvieron ahí y con algunos heridos.
Expertos en temas de seguridad consideraron que después de que la Policía Estatal asesinara a tres y herido a ocho indígenas, la Secretaría de Daniel Cruz debió haber puesto a disposición de la Fiscalía a los elementos que participaron en el ataque y a sus mandos inmediatos.
Nada de eso ocurrió, los policías continuaron en libertad. Y sus jefes también.
Hoy que la presión que ejerce el gobierno federal y la representación de la ONU en México es demasiada, la administración barbosista tiene que presentar algo a la brevedad posible o informar de sus avances. @DiarioReporter
