Por Jesús Ramos
Todo mal está haciendo el gobierno en garantizar la seguridad de las personas, por eso desaparecen cuatro poblanos, en promedio, en un día. La delincuencia organizada y los criminales le están viendo la cara al Estado, aprovechan su inoperancia, y en el desamparo quedamos todos.
Excepto los adinerados que tienen el poder económico para contratar guaruras o servidores públicos y políticos influyentes que traen consigo 15 o 17 escoltas y se trasladan de un punto a otro en convoys de vehículos blindados.
Podrán decir misa las autoridades estatales, pero sus nutridos aparatos de seguridad delatan el miedo que tienen, que es el mismo miedo que tenemos nosotros cuando ponemos un pie fuera de casa o alguno de los nuestros.
La diferencia, además de la guaruriza que ellos traen, es que mientras el gobierno estatal dice que todo va mejor, nosotros sabemos que la cosa empeora, y que mientras él presume combate frontal y cero impunidad en aplicación de la justicia, nosotros vemos complicidad con la delincuencia.
Encontraron el cadáver de Liliana Lozada el viernes pasado. No fue producto de investigaciones ni tampoco de labor de inteligencia. Un campesino hizo el hallazgo mientras caminaba por un camino rural.
Liliana ya apareció, no así los 1,192 poblanos que desaparecieron el año pasado, de acuerdo a reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado. Preguntarnos las razones de tantas personas raptadas es ocioso. Las raptan por la inoperancia del Estado.
El 25 de diciembre desaparecieron cinco jovencitos de Atlixco: Marcelino cabrera de 14, Héctor Fernández de 14, Carlos Andrés Cabrera de 15, Miguel Ángel Paredes de 16 y Daniel Martínez de 17 años. El 2 de diciembre pasó lo mismo con Alexis Sánchez de 3 años en Zoquitlán.
Es increíble la frecuencia con que desaparecen las personas en Puebla. El Estado está rebasado. Basta ver las redes sociales para darnos cuenta los llamados desesperados de auxilio de las familias de Puebla capital y del interior del territorio para localizar a los suyos.
El artículo 21 de la Constitución Mexicana dice claramente que la seguridad pública es una función del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad de las personas y también comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos.
A diferencia de la prensa poblana, que tiene miedo de señalar al responsable de la inseguridad que priva en Puebla, organizaciones civiles y las víctimas de los criminales, continúan exigiéndole al gobernador Barbosa que ¡por el amor de Dios! ya se ponga las pilas, nos devuelva la paz social y nos saque de este infierno.
Pero el grito, se ahoga, no se escucha y tampoco se atiende. @DiarioReporter
