Por Jesús Ramos y Carlos Clemente
Indígenas de Coyomepan localizaron en una barranca de Cobatzalco —donde fueron emboscados por la Policía Estatal la tarde del 9 de mayo— una mochila con uniformes de policía, gafetes del gobierno del estado de Puebla, pasamontañas y una libreta con croquis de la zona, lo que pondría en evidencia que el ataque que dejó tres muertos y ocho heridos fue planeado.
La mochila olvidada o tirada por la Policía Estatal, luego de la agresión armada contra la camioneta que transportaba a 16 campesinos indígenas, aporta elementos sustanciales para suponer que se trató de una operación perfectamente planificada y que los atacantes, no todos eran policías, sino sicarios, sostienen los afectados.
La libreta muestra un mapa táctico, detalla los municipios más cercanos y sus respectivas coordenadas, los caminos a partir de la comunidad que visitó el grupo de campesinos, el recorrido que harían y el sitio ideal para emboscarlos.
Los campesinos de Coyomeapan, indican que la mochila con el uniforme de policía tiene logos oficiales, chamarra, gorra, gafete sin nombre y pasamontañas, lo que les hace concluir que no todos los 40 elementos que participaron en la emboscada eran policías, sino varios de ellos eran sicarios, contratados por el autor intelectual para perpetrar el ataque.
Desde el 10 de mayo que el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna, dio el parte de novedades de la emboscada en el paraje de Cobatzalco, de manera conjunta con el gobernador Barbosa, no ha hecho declaración alguna al respecto.
La información que aportó en ese momento fue errónea y distinta a la realidad de la tragedia. Afirmó que los indígenas portaban armas largas, cuando iban desarmados. Negó los muertos, cuando ya era de dominio público. Todo el parte de novedades fue tergiversado en hora, circunstancias, versión real de los hechos, número de patrullas y elementos policiacos participantes.
Al entender la gravedad de lo ocurrido en ese municipio de la sierra negra, Luis Miguel Barbosa ha guardado silencio cómplice, pues igual que Daniel Cruz Luna también aseguró que se trataba de un ataque a su Policía Estatal, cuando fue ella la que emboscó a los indígenas, mientras que el área de comunicación social del gobierno estatal operó para silenciar a la prensa poblana.
INCUMPLE FISCALÍA
A dos semanas del atentado y de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, comprometió una investigación a fondo sobre los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha incumplido su palabra con los indígenas, pues no ha recogido siquiera los testimonios de los sobrevivientes solo la versión de familiares y amistades.
El diálogo que estableció un comisionado de la FGE con la comunidad indígena de Coyomeapan se ha roto, pues desde el martes 17 de mayo que lograron establecer pláticas de colaboración, el representante de la Fiscalía ha venido posponiendo el encuentro y pretextando motivos.
El primer lugar acordado para recoger las declaraciones de cuatro sobrevivientes fue Zoquitlán. Sin embargo, el encuentro lo pospuso de último momento el ministerio público enviado por la Fiscalía para después cambiarlo a Ajalpan.
“Cómo es que están investigando si no escuchan nuestra versión de los hechos”, reclaman familiares de los difuntos y heridos de Coyomeapan.
DENUNCIA INTERNACIONAL
Representantes del Movimiento por Coyomeapan, informaron en entrevista que el pasado martes sostuvieron un encuentro con el representante en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, a quien le presentaron documento detallado sobre los homicidios de indígenas, la situación poselectoral y pidieron su intervención a fin de salvaguardar las garantías de los campesinos indígenas de la región.
Además, en próximos días tendrán comunicación con un representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que pertenece México, a fin de que conozcan el caso y puedan pronunciarse al respecto.
A todas luces el gobierno del estado y el gobierno federal se han mostrado indiferentes luego de lo ocurrido, no basta con que tres campesinos indígenas hayan perdido la vida –entre ellos un menor de edad-, no sé entonces qué esperan para intervenir, se pregunta uno de los representantes del movimiento Coyomeapan.
FGR DEBE ATRAER EL CASO
Han pasado dos semanas del atentado y la investigación que prometió el gobernador Barbosa no avanza, debido a su compadrazgo y complicidad con los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, caciques que desde hace once años mantienen el control político en Coyomeapan, denuncian, por lo que informaron que han solicitado al gobierno federal que a través de la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
“Sólo así podremos esperar una investigación apegada a la verdad, porque la Fiscalía de acá (la de Puebla) no es garantía de que se respeten nuestros derechos y de que se haga justicia por los tres homicidios cometidos”.
Los entrevistados se expresan con coraje y señalan que si el gobernador es compadre de los Celestino Rosas cómo va a hacer justicia, los va a proteger como lo ha hecho en los últimos meses, pues ha permitido que a toda costa ellos sigan al frente del gobierno municipal a pesar del fraude que cometieron en la elección de junio del año pasado.
Los Celestino han enviado gente armada en varias ocasiones, pistoleros del estado de Veracruz, pero el pueblo se ha organizado y hemos repelido los ataques, los hemos expulsado, así estamos desde el año pasado. Por nuestros muertos y heridos, los Celestino y el alcalde Rodolfo García López no entraran al pueblo, sentencian los indígenas.
COMPROMISO DE ALEJANDRO ENCINAS
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, se comprometió también con el Movimiento por Coyomeapan, a retomar el caso e investigar a fondos los hechos ocurridos el 9 de mayo pasado.
Además, informaron, se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante el gobierno del estado para liberar a los cuatro presos políticos aún retenidos, ellos son: Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez Herrera y Anastasio Zanguinet.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas fueron enterados de la situación que se vivía en Coyomeapan a principios de año, lo cual derivó en un llamado al gobernador para resolver el conflicto político, sin embargo, Barbosa Huerta hizo caso omiso.
Esta semana Encinas se volvió a comprometer a tomar cartas en el asunto tras la ejecución de tres indígenas campesinos, entre ellos un menor de 15 años de edad. Supo de la emboscada a través de las noticias y por un documento que le enviaron familiares de los difuntos.
COYOMEAPAN SIN GOBIERNO
Mientras tanto, el municipio continúa sitiado, el acceso al municipio es restringido por gente del Movimiento de resistencia, la población tiene graves rezagos de servicios, debido a que el alcalde Rodolfo García López, esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas, despacha desde el CIS de Ajalpan y no realiza acción alguna en beneficio del municipio.
Los integrantes del Movimiento denunciaron que en los últimos días se han intensificado las amenazas en su contra a través de las redes sociales y mediante perfiles falsos, por lo que todos los días viven con el temor de que algo les pueda suceder, como ocurrió con el grupo de indígenas que fue emboscado por policías estatales.
Responsabilizan al gobierno del estado, a Luis Miguel Barbosa y a los integrantes de la familia caciquil Celestino Rosas de lo que pudiera suceder a la población y a los integrantes del Movimiento. @DiarioReporter
