*Andrea Cerami de la ONU conversó con sobrevivientes de la emboscada y con presos políticos recluidos en el penal de Tehuacán.
*El gobierno de México y de Puebla violaron tratados internacionales que podrían derivar en sanciones legales.
*Indígenas piden cárcel para Barbosa, Gilberto Higuera, Daniel Cruz y los caciques Celestino Rosas.
*Con cooperaciones el pueblo de Coyomeapan continúa pagando la atención médica de los heridos, el gobierno no les ha apoyado, tampoco lo hizo con los gastos funerarios.
Por: Jesús Ramos y Carlos Clemente
Tehuacán, Pue.- Andrea Cerami, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, asumió el compromiso de intervenir y dar seguimiento al caso Coyomeapan, municipio donde la Policía Estatal emboscó a dieciséis indígenas, asesinando a tres, un menor de edad entre ellos, e hiriendo a otros ocho.
En visita de dos días a Tehuacán, escuchó la versión tanto de los sobrevivientes como de los hospitalizados por el ataque ocurrido el 9 de mayo en el paraje de Cobatzalco, ubicado entre Coyomeapan y Zoquitlán, y se dio el tiempo de ingresar al penal de esta ciudad para conversar con la presa política Basiliza Montaño Gutiérrez.
La impresión que se llevó Andrea Cerami, fue que el gobierno del estado de Puebla y la federación violaron gravemente tratados internacionales en materia de derechos humanos, paz social, transiciones pacíficas y seguridad, comentó Claudia Martínez, líder del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Antes de regresar a la Ciudad de México, el representante del Alto Comisionado de la ONU se trasladó a Puebla capital para pedir al fiscal, Gilberto Higuera, el informe de la investigación. En su agenda, contemplaba entrevistarse con el gobernador Miguel Barbosa en Casa Aguayo el día viernes.
La hospitalización y atención médica recibida por los dos heridos de mayor gravedad, el profesor Lauro Gil Argüelles y Marco Antonio Solís, a la fecha es solventada con cooperaciones de habitantes de Coyomeapan y por la diputada Inés Parra. El estado no les ha brindado ningún tipo de ayuda y tampoco lo hizo con los gastos funerarios de las tres familias cuyos indígenas fueron abatidos por la policía del estado.
Claudia Martínez dijo que en el diálogo que sostuvieron con Andrea Cerami, el representante de la ONU adelantó la posibilidad de que las violaciones graves a los tratados internacionales cometidos por el gobierno de Miguel Barbosa puedan repercutir al Presidente Andrés Manuel López Obrador por tener conocimiento de la situación que imperaba en Coyomeapan y no tomar cartas en el asunto.
La activista refirió que, en gira por Nayarit, durante una mañanera, fue entregada una carta y un informe al Ejecutivo de la nación solicitando que interviniera y aunque en ese momento se comprometió a solucionar los problemas del municipio, en los hechos hizo caso omiso.
Públicamente López Obrador encargó al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas intervenir, pero el funcionario se mantuvo pasivo. Para entonces Barbosa ya había apresado a cuatro indígenas del Movimiento Unidos por Coyomeapan que se opone a entregar el ayuntamiento a los caciques Celestino Rosas.
Los presos políticos son Basiliza Montaño, con la que conversó Andrea Cerami en el penal de Tehuacán, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez Herrera y Anastasio Zanguinet. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado tiene 34 órdenes de aprehensión contra el mismo número de indígenas.
Con el apoyo del mandatario estatal, la diputada federal Araceli Celestino Rosas y su hermano David, trasladaron el ayuntamiento al municipio de Ajalpan, desde donde administran las partidas presupuestales de Coyomeapan, aunque no han hecho nada en la comunidad porque los indígenas les impiden el ingreso.
Los integrantes del Movimiento Unidos por Coyomeapan observan clara complicidad de Barbosa con los Celestino Rosas, a quienes culpan de la emboscada en el paraje de Cobatzalco, donde asesinaron a tres de sus compañeros e hirieron a ocho más.
Al profesor Lauro Gil Arguelles un policía estatal le disparó dos veces en el abdomen con la R15, fue al primero que atacaron para después asesinar a los otros tres. Y a Marco Antonio Solís le propinaron cuatro disparos entre la mandíbula y el cuello, está vivo, pero sigue delicado.
Marco Antonio tiene destrozado el rostro, le han realizado dos cirugías de tres que necesita. Y al profesor Lauro le han hecho tres intervenciones quirúrgicas, aunque todavía tiene pendiente una. Se encuentran custodiados por ministeriales de la FGE en el interior del hospital, mientras que afuera resguardan el perímetro elementos de Seguridad Pública Estatal.
Los gastos de ambos, tanto de Marco como de Lauro, son cubiertos con cooperaciones de habitantes de Coyomeapan y por la legisladora Inés Para. A veinte días de la tragedia no se ha ofrecido el DIF estatal o alguna otra dependencia gubernamental a prestar apoyo económico o en especie para aminorar la carga a las familias.
Lo mismo ocurrió con los gastos de los otros ocho heridos, cada uno de ellos debió cubrir los servicios médicos por cuenta propia. La mayoría de la gente del pueblo vende tortillas, frutas y semillas en Tehuacán y comunidades y municipios del valle de Coxcatlán. Los gastos funerarios de las víctimas lo solventaron también con cooperaciones y antes de sepultar a sus muertos exigieron justicia frente al edificio del ayuntamiento.
Andrea Cerami y la comitiva de la ONU que le acompañó en sus recorridos al hospital y al penal de Tehuacán, fue vigilado en todo momento por gente de la Secretaría de Gobernación de Ana Lucía Hill Mayoral y en sus traslados fue seguido por el vehículo con placas TTA735A.
Les tomaron fotografías lo mismo que a los indígenas con quienes se reunieron para escuchar las versiones de los sobrevivientes de la emboscada. Y aunque los agentes ministeriales trataron de impedir el ingreso de los integrantes de la ONU al hospital, no lograron frenarlos, las mismas dificultades padecieron para que conversaran en el penal con Basiliza Montaño.
—El gobierno de Barbosa detuvo a nueve elementos de la Policía Estatal que participaron en la emboscada del 9 de mayo en el paraje de Cobatzalco. ¿Se sienten satisfechos con las detenciones? —preguntamos a Claudia Martínez.
—Se equivoca el gobernador si cree que nos va a engañar con eso. Todos los policías que estuvieron ahí son responsables por acción u omisión. Los que estaban presentes no hicieron nada para detener a sus compañeros. Incluso muchos de ellos anduvieron cazando a los indígenas que lograron escapar. Los buscaron para atraparlos y asesinarlos. Además, los policías reciben órdenes de sus superiores, ellos también deben ser detenidos y juzgados por la ley.
Ella y otros de los sobrevivientes exigieron cárcel para el secretario de Seguridad Pública Daniel Cruz Luna, para David y Araceli Celestino Rosas, para el fiscal Gilberto Higuera y para el gobernador Barbosa. Todos ellos, por ser cómplices de la inestabilidad de Coyomeapan y por la muerte de sus compañeros.
A Daniel Cruz Luna le acusan de encubrir la verdad de la emboscada, pues al día siguiente del ataque de la policía estatal, presentó un informe amañado y plagado de mentiras que narraba un enfrentamiento, cuando en realidad los indígenas se trasladaban de una comunidad de Zoquitlán a Coyomeapan, sin armas, y a mitad de camino fueron emboscados y baleados.
Al gobernador Barbosa le señalan de respaldar el fraude electoral cometido por los Celestino Rosas para que ganara el esposo de la diputada Araceli Celestino, Rodolfo García, y después tratar de imponerlo por la fuerza en el cargo valiéndose de la represión y de órdenes de aprehensión contra aquellos que se oponían a que asumiera la presidencia municipal.
Al fiscal Gilberto Higuera le acusan de cumplir las órdenes de aprehensión y llevar a cuatro indígenas a la cárcel. Mientras que a los Celestino de ser generadores de violencia en Coyomeapan y la región, además, de ser los principales responsables de los asesinatos y el clima de represión que impera en el municipio.
Claudia Martínez adelantó que, así como la ONU ha asumido el compromiso de dar seguimiento al caso Coyomeapan, hace unos días entregaron un informe a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH para que se sume a frenar la violación sistemática a los derechos humanos de los indígenas de ese municipio por parte del gobierno del estado de Puebla. @DiarioReporter
