Por Carlos Clemente
Acumulan denuncias penales por acoso sexual, violencia política en razón de género, señalamientos por desvíos de recursos públicos, venta de candidaturas, nepotismo y hasta vínculos con “huachicoleros”. Ellos son diputados al Congreso del Estado, representantes de sus respectivos grupos parlamentarios y han llegado a una curul por segunda y hasta tercera ocasión, no por haber ganado en las urnas, sino vía representación proporcional, por “auto-dedazo” de las cúpulas partidistas que ellos mismos encabezan.
Todos son integrantes de la LXI Legislatura local, protestaron respetar la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen el pasado 15 de septiembre y por el periodo 2021-2024 serán los responsables de hacer nuevas leyes y/o reformar las actuales; sin embargo, sus antecedentes nos indican que respetar la ley no es lo suyo.
¿Quién es quién en el Congreso del Estado?
Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Coordinador del grupo parlamentario de Morena -integrado por 17 legisladores- y Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Por segunda ocasión es diputado local.
En 2018 enfrentado con Jorge Estefan Chidiac, siendo diputado del PRI, renunció a este partido en el que militó desde 1986 para contender por la presidencia municipal de Tepeaca apoyado por MC, PAN, PRD, CPP, PSI, así como el morenovallismo en pleno.
Para ganar recurrió, entre otras cosas, a los apoyos de programas federales como Progresa, siendo encargado de despacho su paisano David Huerta, así lo denunciaron Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, entonces candidatos al Senado.
Como presidente municipal fue acusado de coartar libertades a comerciantes, por lo que encaró y reprimió protestas de personas inconformes con su manera de conducirse; en cambio, en el municipio circulaba sin restricción alguna el “huachicol” sin que hiciera esfuerzo alguno por combatirlo. El 22 de marzo de 2019 explotó una bodega clandestina de combustible en un domicilio particular en San José Carpintero, fue durante su mandato. En 2015 enfrentó protestas ciudadanas por la apertura de una gasolinería de su propiedad en el centro de Tepeaca, nada pudieron hacer en su contra. Céspedes era diputado local. Echó mano de su influyentismo.
En agosto de 2017, siendo legislador del PRI, atacó a balazos y en estado de ebriedad a un vendedor ambulante en el centro de aquel municipio. La denuncia concluyó en un arreglo.
Su nombre fue vinculado, además, al tema de corrupción e irregularidades en la entrega de 29 notarias durante el morenovallismo por la patente de la Notaría Pública Número 7 del Distrito Judicial de Tepeaca, a nombre de Luis Antonio Nava Garzón, misma que fue clausurada en agosto del año pasado por el gobierno estatal de Miguel Barbosa.
Carente de lealtades políticas y un auténtico saltimbanqui, Céspedes pasó del PRI, al morenovallismo y ahora a la 4T, en muy poco tiempo, por así convenir a sus personales intereses.
Eduardo Alcántara Montiel. Coordinador del grupo parlamentario del PAN conformado por nueve legisladores, fue integrante en la LIV Legislatura local y en ésta ocasión lo es por la vía plurinominal. Preside la Comisión de Parlamento Abierto.
Tiene experiencia como regidor del ayuntamiento de Puebla, asesor de regidores en gobiernos panistas y como secretario de Gobernación municipal siendo alcalde Eduardo Rivera Pérez.
En marzo del año en curso, en plena definición de candidatos, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su correligionaria Erika de la Vega, por presunto acoso sexual y ante autoridades electorales por violencia política.
En su acusación, detalla que Alcántara le ofreció la candidatura del PAN a la alcaldía de San Pedro Cholula, a cambio de un encuentro sexual o el pago de 1.5 millones de pesos. Los hechos habrían tenido lugar el 7 de febrero pasado.
También lo acusó de amenazarla al asegurar que contaba con influencias y una posición privilegiada como diputado en el Congreso del Estado.
Para varios grupos al interior del PAN, Alcántara Montiel no es confiable, pues en la elección del dirigente municipal, pretendió sembrar evidencia en contra de Jesús Zaldívar, denunciando supuesto fraude.
Como presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, lo integró al Comité Directivo y lo convirtió en su principal asesor; desplazó a José Sánchez Aguilar, operador del grupo de Eukid Castañón, y se apoderó del área encargada de analizar los perfiles de posibles candidatos. Su actuar derivó en varios señalamientos en su contra por presunta venta de candidaturas.
En su calidad de Director Ejecutivo de Consensa Consultoría & Lobbyist impartió y cobró diversos cursos al Comité Directivo Estatal del PAN, siendo prestador de servicios e integrante del CDE a la vez.
Jorge Estefan Chidiac, Diputado plurinominal, coordinador de siete diputados del PRI, preside la Comisión de Hacienda; ha sido tres veces legislador federal, funcionario en los gobiernos estatales de Manuel Bartlett y Mario Marín, también ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal y fue presidente estatal del PRI.
Fue secretario de Finanzas del PRI nacional durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y en ese papel fue señalado por acciones de financiamiento electoral, calificadas como ilegales a través de las tarjetas Mónex y Soriana.
En pago a ese servicio fue nombrado director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), encargado de distribuir apoyos gubernamentales, desde donde se presume habría enviado “maletas” de dinero al entonces líder en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, para financiar campañas, de acuerdo a una grabación telefónica difundida en medios nacionales.
Antes, durante la legislatura federal de 2006 a 2009, como presidente de la Comisión de Presupuesto, habría participado en una estrategia de corrupción denominado “los moches”, así fue señalado junto con Emilio Gamboa Patrón.
El esquema les habría permitido cobrar comisiones a partir de las reasignaciones presupuestales que pudieran conseguir desde la Cámara de Diputados. En 2010, el entonces candidato de la Alianza Opositora, Rafael Moreno Valle Rosas lo acusó de corrupto y de haber amasado una fortuna de manera inexplicable.
En el pasado reciente, tras su paso como secretario de Finanzas en el gobierno interino de Guillermo Pacho Pulido, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lo acusó de gastarse más de 94 mil millones de pesos, sólo dejó 650 millones al nuevo gobierno estatal, lo que provocó que colapsara el inicio del gobierno barbosista.
Estefan Chidiac aseguró que se dejarían en caja 3,500 millones de pesos de libre asignación, cuando en realidad únicamente quedaron en esa bolsa 650 millones de pesos. El dos de agosto de 2019, en entrevista con Noticieros Televisa, Barbosa explicó que Chidiac se gastó en solo seis meses el 99.5 por ciento de los recursos.
“Un mago en el manejo de los recursos”, así lo definió la revista Proceso el 26 de agosto del 2015, tres días antes de la instalación de la LXIII Legislatura federal, en un artículo firmado por Jesusa Cervantes:
“Pero quien es considerado un mago en el manejo de los recursos es el extesorero del PRI nacional, Jorge Estefan Chidiac, quien en 1997 participó en la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa); en 2006 fue impulsor del llamado ´gasolinazo´ y recientemente fue expuesto como quien desviaba recursos del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para diversas campañas políticas”.
Mariano Hernández Reyes. Es la tercera ocasión que llega al Congreso del Estado, nunca ha ganado una elección, siempre llega por la vía plurinominal, preside la Comisión de Comunicación Social.
Ostenta de modo intermitente la dirigencia estatal del Partido del Trabajo. Su mayor virtud, es haber sido apoyo parlamentario del dueño nacional del Partido del Trabajo Alberto Anaya Gutiérrez.
Su bancada está integrada por cinco legisladores, aunque tres de ellos sin ningún vínculo partidista real, son posiciones de su aliado Morena.
Forma parte de este partido desde 1994, siendo dirigente estatal, se encargó de entregar literalmente el partido a los intereses del morenovallismo.
Los propios líderes regionales petistas saben del actuar de Mariano Hernández y de su proclividad a vender o pactar ante el mejor postor cuando de elecciones se trata.
Su irresponsabilidad, debido a su adicción, le ha llevado a realizar un papel deficiente como dirigente petista, a decir de sus propios compañeros.
Debido a sus frecuentes y prolongadas ausencias, perdió una elección a diputado en el distrito de Amozoc, pese a tener gran cantidad de recursos económicos y el apoyo del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Incluso el día de la elección estuvo desaparecido.
Desde hace varios años, junto con familiares y amigos, administra los nueve Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Puebla, instituciones que reciben recursos federales y estatales sin la mínima fiscalización. Se aborda como un programa de apoyo educativo a la primera infancia.
Existen denuncias de malos manejos de recursos, cobro de cuotas excesivas, bajos sueldos al personal y altos sueldos a directivos, que son familiares, amigos y distinguidos miembros del partido.
El PT a nivel nacional mantiene este esquema con el apoyo del gobierno federal en turno, destinando millones de pesos del presupuesto para ello.
Durante el morenovallismo pasaron de 6 a 9 Cendis en Puebla (2), Tehuacán, Huauchinango, Acatlán, Ciudad Serdán, Zacapoaxtla, Amozoc y Xicotepec.
El escándalo nacional por el desvío de más de 100 millones de pesos en 2013, no frenó el programa petista en Puebla, incluso en octubre de 2018, el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, estuvo en la zona militar para inaugurar el último Cendi.
En la pasada elección, Mariano Hernández, fue impulsor de la reelección del diputado federal Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito como delegado de Coyoacán y prófugo de la justicia. Fue defensor a ultranza de su postulación y candidatura por el distrito de San Martín Texmelucan, hasta que la Comisión Instructora determinó su desafuero, cuando este ya se había dado a la fuga.
En entrevista, Hernández Reyes dijo “no es el único al que le han congelado cuentas, lo mismo ha sucedido con artistas y futbolistas y después se las vuelvan a reactivar”.
Carlos Navarro Corro. Diputado plurinominal único. Preside la Comisión de Atención Ciudadana.
Dirigente permanente del Partido Social de Integración (PSI) creado en tiempos del morenovallismo, se le vincula con grupos delincuenciales, ya que su partido postuló en 2018 a Alejandro Martínez Fuentes para presidente municipal de Quecholac, pese a ser hermano de ‘El Toñín’, presunto líder huachicolero en la región conocida como “triángulo rojo”.
A pesar de los antecedentes, este año, a través de su partido permitió la reelección de Alejandro Martínez, a pesar de que la Fiscalía General de Estado (FGE) ya andaba tras él, mismo que fue capturado el pasado 26 de septiembre; días después fueron aprehendidos ocho elementos de la Policía Municipal por encubrimiento.
En descargo, Navarro Corro declaró que en su partido “nunca le detectaron antecedentes penales”.
El suplente del alcalde reelecto en Quecholac, José Luis Peregrina Flores, también es militante del PSI y abogado en turno de Antonio Martínez Fuentes “El Toñín”.
Llama la atención que en municipios ubicados en la región del “triángulo rojo”, hay un alto registro de militantes de este partido.
Por si fuera poco, Carlos Navarro en su calidad de dirigente estatal, postuló como candidatos a presidentes municipales a Inés Saturnino López Ponce en Tecamachalco y Edgar Salomón Escorza en Texmelucan, pese a que ambos tienen acusaciones de misoginia y violencia contra las mujeres, respectivamente.
Durante el morenovallismo, su hija Nadia Navarro Acevedo, fue directora del Instituto Poblano de las Mujeres y en 2018, su designación en la primera fórmula del PAN al Senado de la República generó el rechazo de algunos panistas tradicionales, quienes cuestionaron que esa posición se diera a un perfil ligado a otro partido político.
Durante una evaluación en 2014, la Comisión para el Acceso a la Información Pública calificó con cero la transparencia y rendición de cuentas de su partido político.
Jaime Natale Uranga. Dirigente estatal del Partido Verde Ecologista y diputado único por la vía plurinominal, militante desde julio de 2019, ha sido candidato a regidor por San Andrés Cholula, consejero estatal y nacional. Preside la Comisión del Medio Ambiente.
Es primo de Juan Carlos Natale López, acusado por Elías Abaid Kuri, Oswaldo Avendaño López y Venancio Ojeda Hoyos de llevar a la debacle al PVEM en las elecciones de 2013 por operar a favor de otras fuerzas políticas.
En los últimos años, la familia Natale, pasó a tener el control del Partido Verde, a través de Juan Carlos Natale López, quien ha sido diputado federal y local, además de candidato al Senado de la República.
En la pasada elección la familia Natale logró dos posiciones plurinominales, una federal para Juan Carlos, y la local, para Jaime Natale Uranga. En tanto, el tío de ambos Marco Antonio Natale Gutiérrez, ganó la diputación federal por el distrito I con cabecera en Huauchinango.
En su calidad de diputado, Natale López solía acudir a sesiones del Congreso local bajo los influjos del alcohol u otras sustancias.
Fernando Morales Martínez. Es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Ha sido diputado federal y es su segunda diputación local. Fue expulsado del PRI por su exacerbado morenovallismo desde las filas tricolores, partido al que dirigió en 2012 y del que intentó reiteradamente ser candidato a senador pero no pudo.
Ha tenido diversos cargos en el gobierno federal, a nivel estado fue delegado Regional de Sedesol en Tecamachalco; subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno y coordinador General de Vinculación Interinstitucional y Atención Ciudadana en 2017.
En marzo de 2017, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ordenó la expulsión como militante de Fernando Morales Martínez, hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores.
En el fallo se establece que Morales Martínez dejó de formar parte del padrón de militantes, perdió sus derechos como priista y “por ningún motivo podrá reafiliarse al partido”.
Como coordinador de Movimiento Ciudadano se colocó en el primer lugar de la lista plurinominal y decidió a su vez mantenerse al frente del partido. Es decir, va a dobletear nómina. @DiarioReporter
