Por Carlos Clemente
Dos años y medio después del ajuste a la tarifa del transporte público, condicionado a un programa de modernización el cual dotaría de herramientas para garantizar la seguridad de los usuarios, el gobierno del estado anuncia que ahora sí va, que es en serio.
Durante todo este tiempo, desde la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) –primero con Guillermo Aréchiga y luego con Elsa Bracamonte- han permitido todo tipo de irregularidades y actos de corrupción en el sistema de transporte público:
Invasión de rutas, la proliferación de unidades “pirata”, prestación del servicio con vehículos sin placas, alrededor del 80 por ciento de las unidades rebasan los años de antigüedad permitidos, prestan el servicio sin seguro del viajero, tolerancia a vehículos particulares como ocurre en el Periférico y otros puntos del estado, entre otras.
A través de la titular de la SMT, Elsa Bracamonte, el gobierno estatal anunció que el julio próximo iniciará dicha modernización del transporte.
De inicio comprende un paquete de seguridad con cámara de videovigilancia, botón de pánico, GPS vinculado al C5 y regulador de velocidad.
Los concesionarios estarán obligados a adquirir dicho paquete a una empresa seleccionada por el gobierno estatal a un costo de 25 mil pesos, el cual será instalado en cada unidad de transporte público.
Aseguran que ahora sí los concesionarios deberán cumplir con unidades de modelos recientes; unificarán colores por regiones y se entregarán concesiones donde las necesidades así lo determinen.
El gobierno del estado pretende arrancar un programa de modernización a partir de un incremento en la tarifa acordado hace dos años y medio, lo que sin duda va a derivar en un fuerte conflicto con los transportistas por las implicaciones económicas.
Barbosa Huerta autorizó en octubre de 2019 el aumento a la tarifa, de 6 a 8.5 pesos en microbuses y de 5.5 a 8 pesos en unidades tipo van; un incremento respectivo del 46 y 41 por ciento, luego de ocho años de mantenerse los mismos costos.
El primer compromiso fue dotar a las unidades de herramientas de seguridad como videocámaras, botones de pánico a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y vehículos nuevos. Nada de ello ocurrió.
Mañosos como son, ahora los transportistas pedirán créditos, programas de financiamiento e incluso un nuevo aumento a la tarifa a fin de cumplir con el programa.
En su momento se permitió que Aréchiga comenzará el programa de modernización haciendo negocios con los proveedores de los sistemas de videovigilancia.
El programa fracasó desde el gobierno y se abandonó un año.
No es por intrigar, pero el tema advierte un fuerte conflicto con el sector.
¿Alcanzará el tiempo de gobierno para concretarlo? @DiarioReporter
