Por Carlos Clemente
Entre la sociedad civil y colectivos hay un profundo descontento hacia el gobierno del estado por el menosprecio y desinterés hacia un problema social que se agrava conforme transcurre la actual administración estatal: los feminicidios.
Desde el Ejecutivo estatal se maquillan cifras, se burocratizan los procesos de denuncia e investigación y se ignoran los reclamos de justicia de los familiares de las víctimas.
Las autoridades estatales invisibilizan toda manifestación y protesta ciudadana en demanda de justicia.
La atención a este fenómeno social no forma parte de la agenda del gobierno del estado.
Así lo demuestra, por ejemplo, el caos institucional en que se encuentra la inexistente Secretaría de Igualdad Sustantiva, la cual carece de presupuesto, infraestructura y hasta de titular.
Entre las facultades y atribuciones de esta dependencia, está el presidir el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres.
En abril de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), acordó emitir la alerta por violencia de género en Puebla.
Una vieja demanda de colectivos y organizaciones ante el alarmante incremento de violencia contra las mujeres poblanas.
La declaratoria contenía medidas de prevención, de seguridad y de justicia que debieron asumir 50 municipios donde el fenómeno se acentuó, así como un plan con 159 acciones específicas.
Hasta la fecha se desconoce si existe avance y cumplimiento de las 159 acciones por parte de los gobiernos del estado y los municipales incluidos en la declaratoria, ordenadas desde la Secretaría de Gobernación federal.
Desde la Fiscalía de Gilberto Higuera Bernal, se acomodan a modo las cifras sobre los feminicidios registrados en la entidad.
De acuerdo a colectivos, durante el año 2021 sumaron hasta 67 feminicidios. Cifra casi similar a la de 2020, cuando su registró indicó 66 casos y colocó a Puebla en el sexto lugar nacional.
Para la FGE, durante 2021 sólo hubo 37 casos, de acuerdo a lo manifestado en la comparecencia del fiscal ante el Congreso del Estado.
En lo que va de 2022 van 11 feminicidios registrados y documentados. Pero en el acumulado de la FGE, al cierre de enero eran sólo dos casos.
Tal discrepancia en cifras refleja el interés por ocultar el problema, minimizarlo y evadir su responsabilidad como autoridad.
Es una lucha social en la cual el gobierno es parte fundamental.
Mientras el gobierno del estado ignora el problema, los casos se acumulan.
Candelaria de 33 años de edad apareció muerta a machetazos este lunes en Atlequizayán, en la Sierra Norte. Hace dos años se separó de su marido, pero él la amenazaba constantemente. Fue encontrada en el paraje Akpulot con varias lesiones en el cuello, cabeza y manos.
La declaración ofensiva del gobernador de junio de 2020, sobre que “las mujeres no desaparecen, se van con el novio”, al paso del tiempo se convirtió en una política pública y en sello de su gobierno incapaz de enfrentar el problema. @DiarioReporter
