Por Raúl Hermosillo Carmona
En el ataque cibernético del grupo de hackers “Guacamaya” se extrajeron 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa, en gran parte confidencial. Algo así como 240 millones de páginas de documentos con información. Lo que, sin duda, constituye hasta el momento, el golpe reputacional más fuerte y de mayor trascendencia que haya sufrido el instituto armado en la historia reciente.
Después del espectáculo mediático en defensa de Julian Assagne, creador de WikiLeaks, al presidente no le quedó de otra más que tratar de minimizar la filtración con un tibio control de daños utilizando el tema de su mala salud. Creo que no es exagerado afirmar que el escándalo del Guacamaya-gate podría ser el Waterloo del militarismo obradorista, ojalá.
Pero más allá de buenos deseos, lo cierto es que, de la información dada a conocer algunos medios, ya se pueden ir confirmando algunas sospechas y adelantando, al menos, tres grandes conclusiones, todas ellas muy preocupantes:
La primera, y la más obvia, es que nuestras fuerzas armadas no son lo que pensábamos que eran. Después de este escándalo, la imagen y la confianza que cada quién tenía depositada en los soldados y marinos de México, ya no será la misma.
Si pensábamos que los militares eran infalibles y profesionales, la fuga de información demostró un manejo descuidado y negligente de información sensible. Los documentos filtrados también revelan un alto grado de incapacidad operativa en la construcción de obras emblemáticas, retrasos, sobreprecios y corrupción.
Si creíamos que los soldados y marinos eran incorruptibles, la evidencia de colusión de algunos de sus miembros con grupos criminales genera preocupación y sospecha. Los casos de comunicación y coordinación, venta de armas y protección a estos grupos, generan dudas fundadas sobre el posible solapamiento de estos hechos por parte de los altos mandos militares.
La segunda conclusión es que el comandante supremo de las fuerzas armadas no es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Desde hace décadas, el instituto armado realiza actividades de “inteligencia” que incluyen… al propio presidente, a su familia y a su círculo cercano.
Se trata de actividades que exceden las atribuciones que les confiere la ley, dejándolos fuera del alcance del escrutinio público y del control gubernamental, en su sentido más amplio, es decir, de los poderes de la Unión.
Por si esto fuera poco, el instituto armado sabe todo de todos, sin importar que se trate de un líder sindical, un sacerdote, un narcotraficante, un gobernador o un papá de un niño con cáncer. Tiene infiltrados, espías, escuchas, orejas, pájaros cibernéticos y toda suerte de artimañas no sujetas al control de poder civil alguno, ni siquiera al del presidente.
Algunos documentos filtrados revelan la sospecha del ejército y la marina de posibles vínculos de gobiernos locales emanados de Morena (Veracruz, Tabasco), del PES (Morelos) y de MC (Jalisco) con el crimen organizado.
Y tercera, que nuestras fuerzas armadas, ¡no son nuestras! Estamos ante una institución que se rige por sus propias leyes y códigos. Que tiene su propio sistema de justicia y esquema disciplinario. Su ética y moral propias. La nueva evidencia sobre del caso Ayotzinapa y los casos de violación de los derechos humanos (abusos sexuales y acoso, así como de espionaje a periodistas críticos y a organizaciones sociales opositoras) son apenas algunas muestras de esta realidad.
Se trata de una corporación acostumbrada a vivir en un mundo de jerarquías donde no existe la noción de democracia. Que ejerce su poder político y económico en función de una agenda propia, lo que significa que, además de ser una institución del Estado mexicano, son un grupo de interés que ha ido acumulando capacidad de influencia desmedida. Y que, ante la complacencia del obradorismo, vela por su fortaleza económica y política.
Los documentos filtrados confirman su ambición por hacerse del control ya no solo de la Guardia Nacional, sino de complejos turísticos y aeroportuarios con el único objetivo de garantizar flujo de recursos públicos hacia sus filas.
Hoy, surge con mucha más fuerza el temor de que tal vez no estamos hablando solo de algunas manzanas podridas al interior del instituto armado, sino de un proceso de transformación acelerada de un grupo de interés, que amenaza con convertirse abiertamente en un poder ingobernable por la autoridad civil.
Por lo pronto, el hackeo del grupo “Guacamaya” ha abierto un gran boquete en la línea de flotación de este gobierno sustentada en la narrativa de la militarización. Lo que seguramente contribuirá a cambiar la idea de que hay que darle más poder a las instituciones militares porque son garantía de honestidad y eficacia. @Diarioreporter
