*Colectivos piden al gobierno de Puebla garantías para que más víctimas denuncien formalmente a María Hilda Bustillos, acusada de trata de personas.
*Fue denunciada, aprehendida y puesta en libertad por la juez Lizeth del Carmen Fuentes Trueba porque en su detención se «violaron sus derechos humanos».
Por Redacción
Al menos quince años de explotación laboral tiene en su historial delictivo María Hilda Bustillos, la mujer detenida el 9 de marzo en el Instituto Oriente y denunciada por trata de personas bajo la carpeta de investigación 003534/2022, pero puesta en libertad un día después por la juez Lizeth del Carmen Fuentes Trueba, al considerar que en su detención se violaron sus derechos humanos.
Así lo denunció la Red de Formadoras Kualinemilis A.C., a través de un comunicado firmado por 62 colectivos de ocho estados del país, en el que expresan su profunda indignación por la liberación de la mujer conocida también como “Lili Bustillos.
Dan a conocer la existencia de al menos dos testimonios más de mujeres dispuestas a presentar su denuncia por haber sido víctimas de Hilda Bustillos, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia y temen haya abandonado el país.
Exigieron al gobernador Sergio salomón Céspedes Peregrina, que el proceso de investigación se realice con una diligencia adecuada a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Es indispensable que tanto la jueza como la Fiscalía General del Estado (FGE) sean responsables en el proceso de investigación y sanción de un delito, actuando con la debida diligencia, investigando y juzgando con perspectiva de género, poniendo al centro la garantía de los derechos de una víctima del delito de trata de personas, exponen.
En el comunicado, exponen los siguientes testimonios de dos víctimas: “No me pagaba, no comía y no veía a mi familia”, declaró una mujer que dijo haber estado cinco meses en esclavitud durante el año 2017.
“Me llevó a su casa, prometiendo trabajo; yo tenía mucha necesidad y por eso fui; me dejaba encerrada con llave cuando se iba de vacaciones y no podía comer su comida, nunca me pagó, intenté suicidarme en dos ocasiones con los productos que usaba para limpiar el baño, el día que hui una señora que rentaba ahí me ayudó, me salí sin nada, ella me trajo de regreso a mi casa, no pude denunciar porque nadie me iba a creer, en aquel entonces tenía 15 años y tenía mucho miedo”.
Otro testimonio relata: “Yo igual trabajé bajo sus gritos y amenazas, todo porque necesitaba yo, pero nunca me pagó ni un peso, ella sí tiene derechos, nosotras no, nosotras vivimos con miedo de ella y su familia, yo necesito que pague por tratarme como esclava, logré escapar por un inquilino que tenía en ese momento, mi prima vivió lo mismo que yo, con esa mujer”.
Las mujeres indígenas, provenientes principalmente de la Sierra Norte de Puebla, eran engañadas bajo la promesa de un empleo bien remunerado, pero en realidad eran explotadas como trabajadoras domésticas, sin recibir pago por su actividad, de acuerdo a la denuncia de una mujer que logró escapar y pudo presentar la denuncia tras la cual la FGE pudo actuar.
Las otras víctimas también están dispuestas a exponer su caso ante las autoridades, pero quiere protección toda vez que se encuentran amenazadas de muerte ellas y sus familias.
El relato continúa: “Mi mamá también fue víctima de ella y qué coraje lo que le llegó a hacer, la llegó a quemar con aceite y le lanzó sus cosas afuera, aparte de quitarle su credencial de elector y tenerla sin comer, ojalá y pague todo el daño que hizo”.
Estos son fragmentos de los testimonios que recabó la organización Red de Formadoras Kualinemilis A.C, que junto con otros 62 colectivos de Morelos, EdoMex, Chihuahua, Tlaxcala, Quinta Roo, Guerrero, Michoacán y Puebla, firman el comunicado difundido en redes sociales.
