Por Raúl Hermosillo Carmona
¿Para qué enviar dos leyes controversiales y claramente impugnables constitucionalmente, a unos días de la elección? Muy sencillo: para cambiar el tema de conversación rumbo de aquí al 2 de junio.
Después del primer debate presidencial y del impacto negativo detectado en Palacio Nacional, de inmediato Morena y aliados aceleraron los trabajos en comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, para aprobar esta semana dos iniciativas muy polémicas:
La primera, relativa a la Ley de Amparo, que impide a jueces y magistrados otorgar amparos y suspensiones con efectos generales, cancelando así la posibilidad de dejar sin efecto decisiones de gobierno o leyes, contrarias al interés general de la sociedad.
Y la segunda, relativa a la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, cuya fuente de financiamiento serán los ahorros de los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, mayores de 70 y 75 años, respectivamente, que no hayan reclamado esos recursos para pensionarse.
Ambas leyes representan un escándalo en términos de afectación de derechos humanos y confiscación de recursos privados por parte del Estado.
¿Qué va a pasar ahora cuando el gobierno o una mayoría rapaz en el Congreso tomen una decisión que vulnere derechos humanos establecidos en la Constitución?
Hasta ahora, era previsible que, en una situación así, llovieran los amparos y que los jueces suspendieran la aplicación de estas decisiones o leyes hasta que la Suprema Corte determinara si son constitucionales o no. Obvio, mientras la Corte decidía, esas suspensiones protegían a toda la colectividad afectada, no solo a quienes habían promovido los amparos.
Eso ocurrió precisamente con la Ley de la Industria Eléctrica y con el plan b del presidente para destruir al INE. Como eran leyes inconstitucionales, el poder judicial suspendió sus efectos en beneficio de todos los agraviados.
Bueno, pues ahora con la nueva ley, se limitarían los efectos generales de un amparo o de una suspensión, es decir, ya no se beneficiaría a toda la colectividad afectada, sino que solo aplicaría para quien promovió el amparo en lo individual.
Legisladores de oposición adelantaron que la nueva ley es inconstitucional ya que afecta la progresividad del derecho de amparo, así como los derechos colectivos que se han ido ganando a lo largo de años de su aplicación.
En el caso del Fondo de Pensiones para el Bienestar, se pretende “expropiar” recursos privados en beneficio público. Estamos hablando de que el gobierno pretende agandallarse unos 40 mil millones de pesos de estas cuentas, justo a unos días de la elección, y disponer de ese dinero para hacer campaña con el cuento de que van a pagar pensiones “dignas” a todos los jubilados que ganan menos del salario promedio del IMSS.
Los legisladores de oposición advirtieron que todo esto es plan con maña para que, si algún trabajador se ampara contra esta ley que, en los hechos, confisca los recursos depositados en su cuenta individual, la nueva ley de amparo impediría que un juez la suspenda en beneficio de todos los trabajadores afectados. Lo que le permitiría al gobierno disponer del resto de los recursos.
En suma, se trata de una jugada de varias bandas: por un lado, el gobierno se hace de recursos frescos de aquí a la elección. Por otro, fija la agenda de conversación en temas polémicos que afectan derechos humanos y dinero privado, desviando la atención de temas como seguridad, salud y corrupción.
Y como es previsible que lluevan amparos y suspensiones, le permitirá al presidente y su candidata tener “argumentos” de aquí a la elección, para decir que el Poder Judicial se opone a que haya mejores pensiones.
Dos leyes a modo, de corte claramente populista, pensadas para engañar, ganar votos y avanzar en la obradorización del poder judicial. @DiarioReporter
