Por Carlos Clemente
A escasos cuatro meses de rendir protesta por segunda ocasión al frente del gobierno municipal de San Martín Texmelucan, la morenista Norma Layón Aarun, ya enfrenta el hartazgo de diferentes sectores sociales ante el asfixiante clima de corrupción e inseguridad que padecen.
Para reelegirse como presidenta municipal, Layón Aarun tuvo que prometer y prometer a más no poder.
En su ambición por mantenerse tres años más viviendo del erario, abrazó en campaña banderas de doble filo: “un municipio sin corrupción y completamente seguro”, prometió.
Tras un proceso electoral desaseado y pese al gobierno ineficiente que encabezó en el periodo 2018-2021, fue declarada ganadora de la elección municipal para un segundo mandato.
A 120 días de distancia surgen ya severas críticas hacia su administración, pues no ha puesto en marcha un solo compromiso anunciado en su toma de protesta.
Sin duda el tema de la inseguridad pública es el principal flagelo de los texmeluquenses.
En el inicio de año, el robo en sus diferentes modalidades presenta un incremento, los hechos violentos no censan en el territorio con la aparición de narcomantas y un encobijado con huellas de tortura, el plagio de un transportista y el asesinato a balazos del dueño de una tienda en la unidad habitacional San Juan.
La morenista le ha apostado todo a la instalación del Cuartel de la Guardia Nacional en Santa María Moyotzingo, el cual aún no tiene fecha de conclusión de obra y menos de inauguración.
Por si fuera poco, en diferentes áreas del gobierno municipal empiezan a aflorar las prácticas de corrupción con el sello de la casa.
De muestra un botón: el pasado 8 de febrero, justo el día que Layón Aarun anunció en redes sociales su reincorporación tras once días de aislamiento por covid, personal de Industria y Comercio inspeccionó un establecimiento y determinó su clausura bajo diversos argumentos.
Los videos y audios que circularon en redes sociales revelan que amablemente plantearon una “participación” de 13 mil pesos para no colocar sellos de clausura, pues la multa ascendería a 45 mil pesos.
Preocupados, llamaron al área de Comercio Establecido, Bares, Cantinas y Espectáculos Públicos, a cargo de Roberto Huerta Pérez, quien para sorpresa de los extorsionados comerciantes confirmó la tarifa de “participación”.
Los propietarios no cedieron a la extorsión y los sellos fueron colocados.
Para los denunciantes, está claro que hay una acción coordinada entre el personal operativo y los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Norma Layón.
En San Martín todo sigue igual, nada ha cambiado.
Más bien –por desgracia-, las cosas han empeorado, al estilo cuatroté. @DiarioReporter
