Por Carlos Clemente
Durante el gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez, poco importó la transparencia en los procesos de licitación y el desarrollo económico local, fraguaron un modelo a modo para la asignación de contratos de obra pública, la adquisición de bienes y la contratación de servicios.
La asignación de contratos durante los tres años fue para los cuates y sus empresas comercializadoras, sin importar la falta de especialización, lo que impactó negativamente en términos de calidad y costos de los productos adquiridos.
Los artífices del modelo: Bernardo Arrubarrena García, secretario de Administración y Tecnologías de la Información; Edmundo Ochoa Villar, director General de Administración y la entonces tesorera María Isabel García Ramos, coordinados desde la sombra por Íñigo Ocejo.
Bajo este entramado fraudulento adjudicaron millonarios contratos, entre otros, en servicios de impresión, realización de eventos, servicios de coffe break y box lunch, todos con sobrecostos y operados siempre por Ochoa Villar y sus incondicionales, Luis Gerardo Martínez Berman, director de Adjudicaciones y Gustavo Antonio Durán D’Oporto, jefe de Concursos y Licitaciones.
Como una muestra la firma Operadora Vivanco, a la cual se benefició con contratos múltiples durante tres años, lo mismo que a la empresa fantasma Remedios Producciones y Asociados S.A. de C.V. con sede en unas oficinas virtuales en la Ciudad de México.
Las empresas poblanas nunca fueron tomadas en cuenta, en consecuencia, se promovió la subcontratación en condiciones inferiores a las comerciales, fungiendo las firmas adjudicadas únicamente como factureras.
Eduardo Rivera y Adán Domínguez, durante los tres años simularon las licitaciones con un total desaseo y un entramado de delincuencia organizada.
Las auditorías están en marcha y las denuncias serán presentadas en breve ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ojalá el actual gobierno municipal de Puebla capital no incurra en los mismos excesos, de malas prácticas que no promueven la transparencia, la equidad, ni priorizan la calidad ni la eficiencia en las compras gubernamentales. @DiarioReporter

