Por: Jesús Ramos
No. Nadie ha politizado el cobro del alumbrado público en el municipio de Puebla salvo aquellos que justifican tal villanía. Es el presidente Eduardo Rivera Pérez el que queriendo tomar el pelo a millón y medio de habitantes de la ciudad maquina cobrar una luz que de antemano ya está pagada por la federación a través del Ramo 33.
Son cerca de 150 millones. Uff, mucho dinero. ¿Y cómo para qué quiere tal cantidad? El argumento de mejorar el servicio de alumbrado o ampliarlo es débil si consideramos que eso mismo lo puede hacer con finanzas federales ya etiquetadas.
Lalo lo sabe porque ya fue alcalde. Quiere arrebatarle el dulce a los poblanos. En la Guía Básica para el Manejo de los Recursos del Ramo 33 artículo 36 bajo el concepto de Fortamun está el dinero para el alumbrado. O también lo puede tomar de ese mismo Ramo a través del apartado de Seguridad Pública.
Ya se dijo. Cobrar el alumbrado público es anticonstitucional, la Suprema Corte de Justicia así lo resolvió en la acción de inconstitucionalidad 87/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace casi dos años.
Compararlo así es por la navidad, pero el alcalde se colocó de piñata y lo mismo hizo con Barbosa para que los opositores al gobierno estatal y al suyo, dentro del Congreso Local y fuera de él, los tundan a palos.
Los distintos sectores sociales y los empresarios están creando un gran movimiento anticobro de luz y la razón les asiste. La bola de nieve podría crecer a un tamaño insospechado, y ni Lalo ni Barbosa soportarían el tremendo bolazo si se los lanzan.
Por Dios, esto es indefendible. Algunos dicen que hay ayuntamientos que de por sí lo cobran, Tecamachalco y Atlixco, por citar. No está bien, claro que no. Si sus habitantes se amparan no pagarían un peso por ser violatorio a la Constitución. Cada amparo tramitado sería un amparo ganado.
Es obligación de los diputados saberlo. Su manita alzada tendrá un costo político y jurídico muy elevado, implicará resta de votos en la próxima elección. Se están metiendo con el bolsillo de la gente, el comercio, la industria y con la Carta Magna, están atacando la economía local.
Este Congreso del Estado, es sabido, obedece al gobernador Barbosa. Ahí se discute, aprueba y congela lo que él ordena. Una manita no se alza sin su voluntad salvo los contados diputados de Morena que se oponen a su esencia autócrata.
En dos meses de gobierno municipal Eduardo Rivera Pérez olvidó toda promesa de ayuda y cooperación con la gente. Cobrarles por un servicio que ya está pagado vía Ramo 33 y endeudar de saque al municipio con 160 millones de pesos es un horror.
Fuentes de alta calidad del Congreso revelan ya la división de bancadas por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), y con justa razón, no sólo de Morena, también del partido de Lalo Rivera, el PAN. @DiarioReporter
