Por Carlos Clemente
En Puebla como en muchos otros estados del país, el respeto a periodistas y defensores de los derechos humanos es, por decir lo menos, letra muerta.
Ahí está, como ejemplo, el discurso ofensivo por lo insensible del ejecutivo federal, tras el artero crimen en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado. El Estado fue incapaz de salvarle la vida, pese a que ella misma le pidió ayuda al presidente.
En Puebla, las cosas no podrían ser distintas. No de apenas, es verdad.
Gobiernos de distintos colores han sido incapaces de generar mecanismos de protección efectivos que salvaguarden los derechos humanos de periodistas y defensores sociales.
La prioridad de los gobernantes en turno no es esa, está claro.
En la Sierra Negra de Puebla, ocurren constantes vejaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Allá, donde el Estado no es capaz de enviar una patrulla, un ministerio público y la Fiscalía General del Estado (FGE) decide no entrar por miedo.
El pasado sábado 22 de enero, Plácido Hernández Vázquez, un activista y defensor social de la Sierra Negra –de quien el gobernador poblano dice desconocer su trabajo- fue emboscado por dos hombres armados que dispararon a su vehículo en varias ocasiones hiriendo a su acompañante en el hombro y cabeza.
Transitaban en un camino de terracería entre Ixtlahuac y la entrada a la comunidad de Huilulco, en el municipio de Coyomeapan.
Esa región del territorio poblano invisible y abandonada por siempre, donde las comunidades indígenas son víctimas del látigo de los cacicazgos, de las arbitrariedades y las injusticias.
Hernández Vázquez logró escapar y pedir ayuda. Mientras recibían atención médica, los ciudadanos se movilizaron y detuvieron al par de agresores el domingo.
Llamaron a la Fiscalía para denunciar los hechos y poner a disposición a los detenidos, pero fueron ignorados.
Fue hasta el lunes que el activista indígena pudo presentar su denuncia CDI-FIR-Zoqui-I-000-935-2022 ante Fiscalía.
La razón del atentado, tal vez tenga que ver con que Plácido es la voz en el Congreso federa e instancias nacionales de las injusticias que viven las comunidades indígenas de la región y, recientemente, fue elegido representante en la firma del amparo interpuesto contra el cobro del DAP.
¿Considerará la FGE este elemento en sus indagatorias?
El Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores presentó el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, se apresuró y radicó el expediente 251/2022.
Esto ocurre cuando se gobierna desde la comodidad de un escritorio y no se pone pie, justo allá, donde no hay gobierno y las injusticias y violaciones a los derechos humanos son el pan de cada día.
Ante el vacío de poder, los ciudadanos organizados deben hacer el trabajo de la autoridad, aunque luego sean descalificados.
¿Para eso querían el poder? @DiarioReporter
