Por Raúl Hermosillo Carmona
En los últimos días, la propuesta de contra reforma eléctrica del presidente ha enfrentado un panorama cada vez más complicado. El PRI ya marcó distancia y estableció que, tal y como está planteada, no hay manera de que obtenga el apoyo de sus diputados en la Cámara, y ya quedó claro que en el Senado no será apoyada. Por su parte, el gobierno de EU ha iniciado una fuerte campaña para impedir que la reforma afecte sus intereses protegidos por el T-MEC. Y, para rematar, varios aliados del presidente (empresarios y políticos morenistas) ya expresaron sus reservas ante el previsible impacto negativo para el futuro del país.
Ante este panorama sombrío, el presidente ya prepara una nueva chicanada, de proporciones bíblicas: ¡Quiere que los cuatro ministros que controla en la Corte declaren constitucional la iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica que hace unos meses la misma Suprema Corte declaró inconstitucional!
Como algunos recordarán, el año pasado, el presidente intentó modificar la Ley de la Industria Eléctrica con el objetivo de que la CFE recuperara el control monopólico del proceso de generación y preferencia en el despacho de energía eléctrica que perdió con la reforma energética de 2013.
A pesar de las críticas y el rechazo del sector privado, Morena y sus aliados, impusieron su mayoría y la iniciativa fue aprobada por el congreso. Sin embargo, la oposición impugnó la nueva ley y cientos de empresas privadas se ampararon.
El caso llegó a la Corte quien finalmente, declaró inconstitucional la nueva ley por violar el derecho a la libre competencia y dar ventaja indebida a la CFE.
Ante este revés jurídico, el presidente pensó que si su ley era inconstitucional, lo más sensato entonces sería ¡cambiar la constitución! ¡Faltaba más!
Fue así que vino la nueva ofensiva propagandística. Bajo la premisa de “predicar una premisa que se sabe falsa, a un pueblo que se sabe idiota”, el gobierno se dedicó a tratar de “convencer” a todos de que si la CFE vuelve a tener el control sobre la generación y el despacho de energía eléctrica las empresas privadas no seguirán abusando y la luz no subirá de precio.
A pesar de ello, y no obstante que muchos ingenuos cayeron en la trampa de la retórica populista, la propuesta de reformar la constitución finalmente se topó con la realidad y, lo más seguro es que naufrague. No solo porque significaría un choque de trenes con nuestro principal socio comercial en un momento delicado de tensiones geopolíticas, sino porque comprometería las expectativas de inversión y seguridad energética del país por décadas.
Por eso, el plan B es que la Corte declare constitucional la Ley de la Industria Eléctrica que ya se había desechado por inconstitucional. La diferencia es que ahora el presidente tiene 4 ministros en la bolsa: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortíz Ahlf. El próximo 5 de abril, será esta última la que presentará el proyecto.
Como vivimos en el mundo al revés, en nuestro país se necesitan 8 de 11 ministros, para declarar la inconstitucionalidad de una controversia de ley. Con la nueva configuración de la Corte el presidente intentará revivir al muerto y ahorrarse el oso de que su contra reforma no pase en el congreso.
No va a estar tan fácil, ya que la ministra Loretta Ortiz enfrenta un claro conflicto de interés. Cuando fue diputada del PT, votó en contra de la reforma energética aprobada en 2013. Tendría que entrar al quite el ministro presidente Arturo Saldivar, que ha mostrado servilismo absoluto a la 4T a pesar de haber sido propuesto por el presidente Calderón.
El punto es que si pasa el proyecto, será el fin de nuestro tribunal constitucional y la consolidación de la tiranía de las mayorías. @DiarioReporter
