Por Raúl Hermosillo Carmona
El pasado fin de semana, el General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, utilizando un avión de esa institución militar, pagado con recursos públicos —es decir, con nuestros impuestos— ostentando su uniforme y rango castrense, participó activa y abiertamente en una gira por varios estados de la república, promocionando la consulta de “ratificación”.
Coincido con varios especialistas en que este hecho político es uno de los más ominosos y peligrosos de los que se tenga memoria. Nunca se había visto a un militar de alto rango participando activamente en un acto de campaña partidista. Ni en las peores épocas de la dictadura perfecta del PRI se había visto algo así.
En cada uno de los eventos, se anunció de manera abierta y descarada la presencia del militar (fue presentado por su cargo y nombre y ovacionado por los asistentes) y se hizo énfasis en que formaba parte de la comitiva integrada, entre otros personajes, nada más y nada menos que por el secretario de gobernación, Adán Augusto López.
Me queda claro que fue el presidente quien les pidió a estos dos personajes que fueran juntos a la gira. Y creo que no exagero al asegurar que el simbolismo de este hecho marca un antes y un después en el proceso de demolición de nuestra democracia.
Sobre todo, si tomamos en cuenta el contenido incendiario del discurso de quien se supone, es el encargado de la gobernabilidad y la política interna del país.
En su mensaje, el secretario de gobernación —quien finalmente se quitó el disfraz de político conciliador y mostró su verdadero talante autoritario y antidemocrático— entre otras perlas, señaló:
“Ya todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral, donde se van a ir todas esas que ahora se llaman autoridades electorales, porque México va a ser el primer país del mundo donde la gente, donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones… Los nuevos consejeros se elegirán con voto directo y secreto de los mexicanos, para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos”.
Sabedor del delito en el que estaba incurriendo, remató su arenga con un desafío ante la posibilidad de ser sancionado por el INE: sería “un honor que me corran por apoyar a Andrés Manuel López Obrador”.
No sorprende que un personaje tan rupestre como Adán Augusto López finalmente muestre el cobre con un discurso propio de ranchería. Lo que llama la atención es que la sola presencia del comandante de la guardia nacional avala y convalida varias cosas:
En primer lugar, la violación flagrante a la Constitución. Es cierto que en muchas democracias es normal que los funcionarios de gobierno, incluso que el mismo presidente, participen en campañas proselitistas.
El problema, es que en esas democracias, la ley lo permite. En cambio, aquí la Constitución lo prohíbe. La ley de revocación de mandato impulsada y aprobada por Morena y sus aliados impide que cualquier funcionario de gobierno haga proselitismo y, mucho menos, que se utilicen recursos públicos con ese propósito. Así lo ratificó recientemente el Tribunal Electoral.
El hecho de que un alto mando militar, sin el más mínimo pudor, brinde apoyo y recursos públicos para una campaña partidista en plena veda electoral, es un mensaje poderosamente amenazante.
En segundo lugar, lo ocurrido el sábado pasado confirma que la verdadera intención de la farsa de la revocación es provocar al INE para debilitarlo y descalificarlo. Y si para ello es necesario denigrar el papel del encargado de la política interior y degradarlo al nivel de activista de plaza municipal, pues ni modo.
Lo que resulta sumamente preocupante es el mensaje implícito de que nuestras fuerzas armadas están al servicio de Morena, exactamente como cuando lo estaban al servicio del PRI.
Y tercero, también corrobora que, en 2024, al menos un sector de la milicia, no sabemos todavía qué tan amplio, está dispuesto a hacer lo que sea necesario —incluso violentar la ley, para garantizar el triunfo del candidato o candidata del presidente y su partido.
Como opositor, López Obrador siempre exigió autoridades electorales justas e imparciales, así como unas fuerzas armadas al margen de la política. Hoy, como gobernante, al igual que la mayoría de los populistas autoritarios en el mundo, ya arrastró a nuestras instituciones militares a cruzar una línea de no retorno, con el único objetivo de destruir la democracia y perpetuarse en el poder. Pobre México. @DiarioReporter
