Polémico juez lo vincula a proceso por abuso de autoridad y uso de documento falso. Presunto desvío de 35 mdp fue desestimado.
Por Héctor Llorame
El dirigente municipal del PAN en Puebla capital, Jesús Zaldívar Benavides, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y uso de documento falso, presuntamente cometidos cuando era titular del Conalep, es decir, hace más de cinco años, por lo que el panista ha denunciado persecución política porque el caso coincide con el proceso electoral.
Además, ha despertado suspicacias que el proceso esté en manos del polémico juez Francisco Javier Martínez Castillo, quien fue señalado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de “favorecer” a delincuentes, aunado a sus cuestionables fallos en casos mediáticos, como el de la golpiza contra un joven en la Estrella de Puebla.
El exdiputado local fue procesado la madrugada de este martes en una audiencia, aunque no se le impuso prisión preventiva como medida cautelar y enfrentará su juicio en libertad.
El caso de Zaldívar Benavides inició por una denuncia anónima presentada desde 2017 en la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde se le acusó de no acreditar el destino de 35 millones de pesos que debieron destinarse al mantenimiento de los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Puebla.
No obstante, la acusación no prosperó hasta 2021, cuando en el gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta se reactivó el caso.
Lo referente a los recursos públicos se ha desestimado por falta de pruebas y el proceso actual únicamente es por abuso de autoridad y uso de documento falso.
El juez fijó dos meses para la investigación complementaria, a fin de que la FGE y la defensa del acusado puedan aportar pruebas a su favor.
La noche del lunes Zaldívar Benavides acusó que su vinculación a proceso sería ilegal porque ya habían vencido las 144 horas que prevé la ley para definir la situación legal.
Previamente ya había denunciado que el caso estaba fabricado desde el gobierno del estado con un fin político, ya que apoya la campaña de Mario Riestra Piña, candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, quien enfrenará al empresario expriista José Chedraui Budib, ahora postulado por Morena.
En respuesta al señalamiento, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina negó esta mañana que se ejerza persecución política, y dijo que la percepción del panismo es errónea porque el caso depende de la FGE y el poder Judicial, no del gobierno del estado.
Francisco Javier Martínez Castillo, el juez de Control que vinculó a proceso al dirigente panista, carga con un polémico historial sobre su trabajo, ya que el año pasado ordenó la liberación de los gemelos Francisco y Luis, ex estudiantes de la Universidad Anáhuac que junto con otros cinco jóvenes golpearon al joven Ernesto Calderón afuera de un bar en Angelópolis.
En junio del año pasado el Consejo de la Judicatura inició una investigación en contra del juez luego de que fue exhibido por el presidente, debido a que cambió las medidas cautelares a dos presuntos secuestradores, que estaban en prisión preventiva y ordenó su proceso en libertad solo con firma periódica.
También el colectivo Cam-Cai, de madres víctimas de violencia vicaria, han acusado que Martínez Castillo ha obstaculizado la justicia al favorecer con sus decisiones a sujetos denunciados, por lo que han exigido su destitución.
