Por Héctor Llorame
La delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla fue señalada por operativos irregulares, retenciones arbitrarias, incumplimiento de protocolos legales, malos tratos contra menores de edad y por las condiciones de hacinamiento e insalubridad de sus instalaciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ventiló una serie de abusos cometidos en la estancia de migración ubicada en la colonia San Matías de la ciudad de Puebla a principios de año, en contra de varias personas migrantes que viajaban acompañadas de niños, con la intención de llegar a la frontera norte del país.
A través de la recomendación 153/2024, el organismo demandó al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, fincar responsabilidades y sanciones administrativas e incluso penales contra el personal de la delegación que incurrió en las violaciones a derechos humanos, así como garantizar que no se vuelvan a repetir.
Además, se instruyó la reparación del daño y medidas de rehabilitación, como atención psicológica, para las personas afectadas, principalmente menores de edad, quienes fueron detenidos el 18 de enero de este año cuando circulaban sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura de la caseta de cobro de Miahuatlán.
La CNDH señaló que el INM carece de facultades para detener vehículos en tránsito y realizar revisiones aleatorias, ya que dicho procedimiento fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) desde el 18 de mayo de 2022, así que la ejecución de estos operativos ahora es ilegal.
Es así que la detención de siete personas, entre ellas tres menores de edad, fue irregular, así como su traslado a la delegación del INM, donde fueron retenidas junto con otras 80 personas que ya se encontraban ahí.
En la estancia, además de la incomunicación, el hacinamiento y la insalubridad, el personal de migración no llevó a cabo los protocolos legales, pues no comunicó de inmediato las detenciones ni asignó representantes u oficiales a las personas migrantes, para hacerles saber su situación jurídica y orientarlos sobre el proceso legal.
Además, no se canalizó con el sistema estatal DIF ni la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, lo cual era obligatorio por tratarse de menores de edad en migración.
Posteriormente, las siete personas fueron enviadas a la delegación del INM en Villahermosa, Tabasco, donde también enfrentaron abusos por parte del personal, sin que a la fecha se hayan iniciado procedimientos sancionadores contra los responsables.
Por ello, la CNDH urgió al Órgano Interno de Control del instituto sancionar las faltas y abusos de servidores públicos, así como capacitar al personal en los protocolos, leyes y tratados internacionales que se deben cumplir, además de reparar el daño a las víctimas.
