Por Carlos Clemente
Se encuentran asentados en territorio poblano. Oficialmente existen, los reconocen desde el gobierno. No sólo tienen presencia, operan a diferentes escalas acciones delincuenciales de alto impacto. Se trata de siete organizaciones del crimen organizado, al menos dos con presencia nacional y cinco regionales.
El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha puesto en evidencia información confidencial que el gobernador Barbosa ha negado públicamente cuando habla de la delincuencia en el estado.
La información difundida confirma que operan en Puebla dos cárteles nacionales, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Sinaloas; una escisión de Los Zetas, denominada Sangre Nueva Zeta y células delictivas regionales del “Mamer”, “Los Croquis”, del “Loco” Téllez y de Juan Lira “El Moco”.
Estos grupos criminales son los responsables del incremento del narcomenudeo en diversos puntos de la geografía poblana, siendo la zona metropolitana de Puebla la de mayor incidencia.
Literalmente, estas organizaciones han tomado por asalto las carreteras, Puebla es segundo lugar nacional en robo a transporte de carga, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Se trata de las bandas criminales que realizan huachicoleo, razón por la cual Puebla fue primer lugar nacional en número de tomas clandestinas a ductos de gas en el primer semestre de este año, de acuerdo a cifras del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
Además son los autores de otros delitos como extorsiones, homicidios, cobro de piso y un largo etcétera.
Resulta impensable que el gobierno estatal desconozca la presencia, los niveles de influencia, las áreas de operación y a los líderes o cabecillas de estos grupos, mientras la Sedena –ahora sabemos- los tiene perfectamente ubicados.
Cuando el mandatario estatal asegura que no hay presencia del crimen organizado en Puebla, lo dirá por verdadero desconocimiento o para ocultar públicamente una realidad que sólo él y su secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, se niegan a aceptar.
Ahora que ha decidido salir de Casa Aguayo y visitar algunos municipios con motivo de los informes presidenciales, Barbosa tiene una extraordinaria oportunidad para pulsar el tema.
Tal vez en Acatlán le puedan proporcionar mayor información al respecto. O en Tehuacán, Pedro Tepole podría ilustrarlo; Norma Layón, podría hacer alguna aportación; en Tepeaca y Acatzingo, sin duda.
En Izúcar, ya vimos que el gobernador sólo recibió quejas contra su “corcholata” que boicotea al gobierno local.
Al menos por el momento, los grupos criminales no tienen de qué preocuparse, podrán continuar operando en total impunidad, sabedores que las autoridades federales, estatales y municipales, siguen la estrategia de los abrazos. Los ciudadanos, que se cuiden solos. @DiarioReporter
