En apenas tres años y cuatro meses el gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta provocó el aparente desfalco.
Por Héctor Llorame
En tres años y cuatro meses el gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta provocó un aparente desfalco de 1 mil 770 millones de pesos, debido a una fallida inversión en un banco patito, un adeudo al SAT por intentar evadir el pago de impuestos y un daño patrimonial detectado por la ASF.
Este martes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un posible quebranto al erario por 447.5 millones de pesos en el último año de gobierno barbosista, al auditar la cuenta pública 2022 no se comprobó la correcta utilización del dinero, ya que recibió contratos incompletos, sin pólizas de pago y sin facturas.
Los recursos eran de índole federal destinados al sector Salud, por lo que la aplicación del dinero era responsabilidad directa del titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, quien renunció a mediados del año 2023.
Tras ventilarse las irregularidades, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina refirió que las observaciones no son definitivas y se pueden solventar dentro del plazo legal de 30 días.
No obstante, su gobierno reveló desde el año pasado dos hoyos financieros ocasionados por el gobierno barbosista, uno por 722 millones de pesos y otro por 600, pero a la fecha siguen sin resolverse ni han tenido consecuencias legales.
Los 722.3 millones obedecen a un crédito fiscal ocasionado en el interinato de Guillermo Pacheco Pulido y en el primer año de Barbosa Huerta, ya que se calculó mal cuánto debía pagarse al SAT del Impuesto sobre la Renta (ISR) por todo el personal al servicio del Estado.
Luego de revelarse el adeudo, la expresidenta del sistema estatal DIF, Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa Huerta, emitió un comunicado en donde negó que exista un quebranto, pues sostuvo que los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 siguen bajo revisión de la ASF y no hay una resolución definitiva.
Los otros 600 millones de pesos que perdió el erario se deben a una inversión fallida en Accendo Banco, vinculado al exsenador panista Ernesto Cordero Arroyo.
El gobierno barbosista entregó más de 4 mil millones de pesos a esta institución bancaria durante dos años, hasta que en septiembre de 2021 se declaró en quiebra y entró en proceso de liquidación.
Antes de la bancarrota, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había emitido alertas sobre las finanzas de Accendo, donde advertía el riesgo de invertir ahí, pero a pesar de eso Barbosa Huerta continúo depositando dinero del erario con el pretexto de que habría utilidades.
Una vez que llegó la quiebra, el estado entró a una lista de espera con más de 600 acreedores con la esperanza de recuperar el dinero, pero hay muy pocas posibilidades, según reconoció la propia extitular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien renunció luego de este escándalo sin que enfrente algún proceso penal o administrativo hasta ahora.
