Por Carlos Clemente
Sólo la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, se cree la farsa de sus subordinados de que ahora sí han puesto orden en el Registro Civil del Estado y han cortado las manzanas podridas en la cadena de corrupción que, de acuerdo a denuncias de ciudadanos, se documentaron en #DiarioReporter.
Cínicos al fin, han hecho los montajes necesarios a fin de aparentar la purga que la funcionaria instruyó y combatir la corrupción expuesta.
Hay una popular expresión que hace alusión a algo que es engañoso o que sólo se trata de apariencias.
Los mexicanos la aplican cuando se pretende ocultar cosas ante otras personas; es antónimo de transparencia.
Es fingir hacer algo bueno, cuando en realidad se está actuando mal.
En conclusión, es distraer la atención para que no se vea lo que no conviene.
Justamente lo que están haciendo en Gobernación: “taparle el ojo al macho”.
Luego de revelar que las secretarías de la Función Púbica y Gobernación y la Fiscalía Anticorrupción, hacían caso omiso de las denuncias de ciudadanos contra servidores públicos del Registro Civil por diversos actos de corrupción, aparentaron que se pusieron a investigar.
El pasado 30 de marzo, quince meses después de la denuncia ciudadana, elementos de la Fiscalía Anticorrupción estuvieron en Chiautla de Tapia. En realidad, el denunciante no ha sido requerido ni informado de absolutamente ningún avance de su querella.
El director general del Registro Civil, Manuel Carmona, tuvo que sacrificar a uno de sus soldados más rentables, el juez quinto de Puebla capital. Al sótano del Edificio Norte del CIS, le enviaron personal de la Función Pública y hasta policías.
Sin embargo, el director general continúa operando con incondicionales en los juzgados 3 y 4, donde permanecen intocables varios funcionarios que han sido denunciados.
A los municipios les obligan a contratar abogados titulados para los módulos del Registro Civil, no obstante, aprovechando los enroques, Carmona Sosa nombró juez a una mujer muy cercana a él pero que carece de título, de acuerdo al Registro Nacional de Profesiones y documentos oficiales, con un sueldo de 22 mil 449.42 pesos mensuales, según consta en el oficio de fecha 3 de febrero dirigido a Tamara Libia Díaz Villanueva, coordinadora general administrativa de la Secretaría de Gobernación.
En la Sierra Norte, concretamente en Mecapalapa, el juez David Santos, permite que familiares suyos ajenos a la dependencia realicen trámites oficiales, situación que sanciona la normatividad correspondiente.
Las irregularidades son interminables, pero en la Secretaría de Gobernación decidieron “taparle el ojo al macho”.
Pues que siga la corrupción. @DiarioReporter
