Por: Jesús Ramos
Está agarrando un segundo calentón el cobro del DAP. En Tehuacán la gente salió a las calles con cacerola en mano a calificar de traidores a su alcalde, a su gobernador y a sus dos legisladores locales por aprobar la infamia.
Desde otra parrilla, El Barzón Poblano promoverá a fuego lento 5 mil amparos en los 143 municipios donde el Congreso del Estado autorizó a los alcaldes pasarse por el arco del triunfo la Constitución Mexicana y cobrar a la gente el alumbrado público.
Desde La Marranera nos comentan que el estatus del DAP es preocupante, debido a que no existe manera de desactivar este problema creciente que en probabilidad podría extenderse todo el año. O más.
Los tres recursos de que dispone el gobierno estatal para apaciguar los ánimos son las órdenes de aprehensión, el encarcelamiento y la represión, pues los delegados regionales de la Secretaría de Gobernación han fracaso en todo intento de diálogo.
Zinacatepec sirve de ejemplo para corroborar la dura estrategia ya emprendida por el gobierno contra la población civil para impedir que la crisis se le salga de las manos.
Quienes atacan desde el oficialismo de la prensa a la diputada Inés Parra y a los servidores de la nación que participaron en la manifestación pacífica de inconformidad en la tierra del Ejecutivo no han alzado la vista para dimensionar el problema.
El padre Tacho de Tehuacán exhortó a los feligreses a que se manifiesten contra la medida por considerarla un abuso. ¡El DAP no pasará!, arengó. En esa misma ciudad, el defensor social Martín Barrios anunció protestas aunque los repriman.
Ningún ordenamiento, ni ley ni reglamento burocrático impide a los servidores públicos federales manifestarse contra las injusticias de los gobiernos estatales, como ocurrió en Zinacatepec, sin embargo, les cuelgan la etiqueta de incitadores por situarse del lado de la justicia.
Ellos son tan ciudadanos como nosotros. Y si la autoridad donde residen comete abusos y excesos contra la comunidad, como es el caso, tienen todo el derecho de externar su inconformidad en foros o en la calle. Nomás eso faltaba.
Si la estrategia del gobierno estatal de girar órdenes de aprehensión, encarcelar y reprimir a los poblanos que se oponen al DAP no funciona, la crisis no sólo se extendería por varios meses sino alcanzaría costos sociales y políticos inimaginables.
En Tehuacán la gente ya comenzó a echarle en cara a los diputados de Morena Olga Lucía Romero y Fernando Sánchez su traición por aprobar el cobro del alumbrado público, sin embargo, salvo contadas excepciones, el Congreso del Estado y el gobernador son responsables materiales e intelectuales del abuso contra la población. @DiarioReporter
