Por Carlos Clemente
El discurso del gobierno del estado para minimizar la masacre de 10 personas ejecutadas en Atlixco la noche del pasado 8 de marzo, es que no eran poblanos, sino de Veracruz y que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.
Como si en los temas del narcotráfico y la disputa de plazas entre grupos del crimen organizado, la autoridad sólo fuera un espectador. Al parecer sí.
Tuvo que ocurrir esta tragedia para que el gobierno del estado reaccionara ante los escandalosos niveles de tráfico de todo tipo de drogas en las regiones de Atlixco e Izúcar de Matamoros y anunciara una cruzada.
La masacre de la semana pasada es apenas la punta del iceberg.
Levantones, secuestros, asesinatos entre narcomenudistas, cobro de piso a empresarios, narcomantas, no son recientes, llevan ya varios años ocurriendo en esa zona del estado y ninguna autoridad ha querido entrarle de fondo al problema.
Lo sucedido no es un hecho aislado ni un problema “encapsulado”, como afirman desde el gobierno estatal.
Resulta que dos de los ejecutados José Ricardo Bravo y su pareja Raquel Sánchez, fueron detenidos por la Policía Estatal hace un año, justo el 11 de marzo de 2021, en posesión de 116 gramos de cristal, junto con otra mujer de nombre Monserrat Leonor.
José Ricardo “El Chicony” es de la familia Bravo Monatto, es hijo de “El Jarocho y de Magdalena Magaly, también ultimados esa noche.
Operaban desde las redes sociales, pactaban precio y lugar de entrega. Fueron detenidos aquella ocasión en la colonia Revolución, de acuerdo a un comunicado y fotografías de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Salieron de prisión 4 meses después. Y volvieron a lo suyo. No andaban “a salto de mata”, ni tenían tres meses en Atlixco, vivían y socializaban de manera normal, sus dos hijos menores de edad también masacrados, estaban inscritos en escuelas de la colonia Valle Sur.
Si bien eran originarios de Veracruz, tenían años viviendo en Atlixco, vecinos los ubican desde San Diego Acapulco, el fraccionamiento Los Molinos, y finalmente en la colonia Francisco I Madero.
Tras los lamentables hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó y clausuró la cadena de pizzerías Mr. Frank, cinco establecimientos de la misma franquicia cuyos repartidores presuntamente estarían involucrados en la distribución de droga. Meses antes un repartidor ya había sido detenido, pero fue puesto en libertad.
Lo anterior confirma que las autoridades municipales y estatales están al tanto de la forma de operar del crimen organizado.
Por razones desconocidas se han negado a actuar. Los han tolerado.
Será que las autoridades ahora sí actuarán en contra de células del cártel de Sinaloa como el grupo autodenominado “89 CDS” o el CJNG; y de otros grupos que empiezan a crecer al amparo de la presidenta municipal Ariadna Ayala, como la organización Resistencia Civil Pacífica (RCP) de Tepito.
Por la tranquilidad de los ciudadanos de esa región esperemos que así sea. @DiarioReporter
