Por Raúl Hermosillo
Tres hechos marcaron la agenda política nacional: primero, el periodista Carlos Loret de Mola publicó en Latinus, un reportaje demoledor que puso al descubierto diversas irregularidades cometidas por los militares encargados de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Al revisar los contratos solicitados vía Transparencia, Latinus descubrió empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales y micro empresas beneficiadas con contratos por montos exorbitantes. El reportaje cayó como bomba en Palacio Nacional y, hasta el momento, no ha sido desmentido de manera oficial —solo fue calificado como “falso” en la mañanera.
Luego, el General Luis Crescencio Sandoval, durante su discurso del 20 de noviembre, pronunció un discurso que fue interpretado como una abierta muestra de apoyo al proyecto político-partidista del presidente. Entre otras cosas, el General Secretario dijo que “para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo…, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos…, cada una de las transformaciones nacionales (la Independencia, la Reforma y la Revolución) han significado un cambio profundo y ha tenido un propósito definido, el bien de la patria. Vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”.
Con estas expresiones —que fueron consideradas como violatorias del marco legal que establece que “queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente”— el General rompió la “regla de oro” que ha diferenciado a nuestro ejército del resto de las fuerzas militares en América Latina: la neutralidad.
Finalmente, unas horas después, el presidente publicó en el Diario Oficial un decreto disfrazado de “acuerdo”, que declara de interés público y seguridad nacional, todas las obras de infraestructura que construya el gobierno federal. Lo que significa que nada ni nadie podrá frenar sus obras emblemáticas, en particular las que están a cargo del Ejército, con amparos u otros recursos legales, sin importar que dañen el medio ambiente o que vulneren derechos humanos o que haya irregularidades en el manejo de recursos.
¿Están relacionados estos hechos? No lo sé. Que cada quién saque sus conclusiones. Lo que sí sé es que, sin querer —o queriendo— el “acuerdo” creó un régimen de excepción que le permitirá al presidente evadir la ley por razones de Estado.
Lo que en los hechos “institucionaliza” una nueva forma de co-gobierno con las fuerzas armadas que ahora realizan cientos de tareas de carácter administrativo que aumentan el riesgo de que, un día, el poder civil se rinda ante el poder militar. Esta es la preocupación que se deriva del Inventario Nacional de lo Militarizado (https://cutt.ly/HT9wGhI), la radiografía más completa disponible sobre los procesos de militarización en México.
De acuerdo con este Inventario, además de labores de seguridad pública, “actualmente las actividades que involucran el despliegue extendido del Ejército abarcan la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes; la vigilancia de las fronteras norte y sur; la detención e inspección de personas migrantes; el control de puertos y aduanas; e, incluso, la participación de los titulares del Ejército y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología”.
Y por si fuera poco, hace unos días el presdiente anunció que la Marina tendrá la custodia de las obras del corredor del Istmo “para evitar más privatizaciones” y señaló que estaba evaluando perdirle a las fuerzas armadas que se hicieran cargo de la distribución de medicinas.
El problema, según el estudio, es que la mayoría de estas tareas no cuenta con una política de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Muchos dirán que se exagera, que nuestras fuerzas armadas son incorruptibles, que no hay tal militarización y que eso nunca va a pasar en México. Ojalá.
Lo que preocupa es que así dijeron muchos pueblos cuyos gobiernos, democráticamente electos, fueron desmantelando poco a poco el orden legal y constitucional, hasta convertirse en autocracias abusivas que terminaron imponiendo una regresión autoritaria con el apoyo de las fuerzas armadas.
Yo coincido con los que piensan que, ante el fracaso de transformar a México, López Obrador pretende blindar (proteger) su alianza con las fuerzas armadas para que le hagan la chamba que él no pudo hacer.
El problema es que justo así, se pavimenta el camino de la militarización y eso, nunca termina bien. @DiarioReport
