Por Carlos Clemente
El objetivo primordial del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es blindar una elección, evitar la manipulación de cifras, ofrecer tendencias claras y dar certeza a los resultados.
Por lo anterior, resulta inexplicable que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se haya empeñado en adjudicar de forma directa el contrato del PREP por un monto de 55 millones de pesos a una firma con cuestionables antecedentes: Grupo Proisi S.A. de C.V.
Una empresa de larga y oscura trayectoria nacional, experta en evadir licitaciones y lograr contratos directos en varios estados del país, a pesar de ofrecer montos mucho más elevados que sus competidoras.
Para dimensionar el hecho, la misma empresa en 2023 se adjudicó también el contrato del PREP en Coahuila, por un monto de 27 millones 457 mil 200 pesos; la mitad de lo que cobrará en Puebla. Allá fue denunciada por sobrevaluar el servicio en 150 por ciento.
Genera mucho ruido que la presidenta del IEE y a la vez responsable del Comité de Adquisiciones, Blanca Yasahara Cruz García, haya declarado desierta la licitación con dos participantes el día 15 de enero e inmediatamente el día 19 haya entregado el contrato a Proisi, una de las firmas participantes.
Entregar un contrato por 55 mdp a una empresa con malos antecedentes y mediante un proceso nada transparente, es lo que menos necesita el instituto que regirá las elecciones a gobernador, diputados locales y presidentes municipales el 2 de junio.
Proisi, propiedad de los hermanos Carlos y Abel Treviño Martínez, no puede borrar de su expediente que en junio de 2013, la autoridad electoral de Baja California le rescindió el contrato por diversas irregularidades e inconsistencias.
Entre otras, no digitalizar de manera inmediata las actas de escrutinio, tener incongruencias en los datos y el sistema se les cayó más de tres veces.
Sin embargo, los reportes de adjudicaciones opacas y malos resultados vienen de varias entidades, Veracruz, Oaxaca, Durango, entre otras.
El pasado 20 de febrero, la firma Poderner S.A. de C.V., la segunda participante de la licitación, advirtió que en el artículo 45 fracción III de la Normatividad para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Comité de Adquisiciones del IEE, se establece que el Comité no puede autorizar la celebración de contratos con “aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, el Comité o cualquier dependencia o entidad, les hubiera rescindido un contrato”.
La consejera Blanca Yasahara Cruz García hizo caso omiso a las denuncias, de plano declaró desierto el concurso y adjudicó el contrato a la firma denunciada.
¿Se quedarán callados los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos o impugnarán la opaca adjudicación del contrato por 55 mdp? @DiarioReporter
