Por Carlos Clemente
Al Registro Civil del Estado le llueven denuncias por diversos actos de corrupción, despidos injustificados y amenazas, que involucran al director general, la subdirectora y jueces, mientras que la titular de Gobernación Ana Lucía Hill Mayoral y la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, se hacen de la vista gorda e ignoran las acusaciones en perjuicio de los ciudadanos.
A mes y medio de que #DiarioReporter publicó “Red de Corrupción en el Registro Civil”, las cosas no han cambiado en la dirección dependiente de la Secretaría de Gobernación, por el contrario, a decir de los denunciantes, “la situación empeora”.
Entre ambas dependencias, Gobernación y la Función Pública, se echan la bolita ante las denuncias presentadas por ciudadanos a fin de no investigar y poner freno a los actos de corrupción que dejan millonarias ganancias económicas cuyo destino sólo conoce el director general.
LAS DENUNCIAS
El 9 de junio de 2021, el ciudadano Ángel Manuel López Rafael presentó denuncia por actos de corrupción mediante oficio dirigido a la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, en el que señala al director general Manuel Carmona Sosa, así como a funcionarios del Registro Civil por diversos actos de corrupción.
En su oficio destaca, por ejemplo, que en los juzgados los trámites de aclaraciones administrativas los jueces cobran hasta 5 mil pesos, situación que afecta principalmente a personas de escasos recursos. Los juicios de rectificación, llegan a costar entre 8 y 10 mil pesos, sin recibo alguno de por medio.
La SFP decidió no proceder ante los hechos denunciados y respondió mediante oficio que debería presentarlos ante el órgano de control interno de Gobernación. El denunciante así lo hizo, mediante oficio dirigido a Ericka Antúnez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de Gobernación, SFP.SR.DAQD/10C10,9/1.2021.
Sin embargo hasta la fecha no se ha abierto ningún expediente para las investigaciones correspondientes, pese a que el denunciante ingresó un oficio para ampliación de hechos el 7 de septiembre de 2021, lo cual no tuvo ningún efecto a su favor.
El caso se fue al archivo muerto, pese a las visitas recurrentes del denunciante para conocer el estatus de su denuncia, acusó en entrevista Ángel Manuel López Rafael, quien dio a conocer que esta situación se la hizo saber al propio director general, pero no tomó cartas en asunto, hizo caso omiso a la denuncia.
Otro ciudadano que decidió omitir su nombre por una denuncia más que está en curso, acusó en entrevista que en las 32 mesas receptoras de trámites instaladas en el interior del estado, los ciudadanos están necesitados de los servicios del Registro Civil, por si las actas de nacimiento tienen errores y deban corregirse.
Sin embargo, los jueces acuden sólo dos días a la semana, resultando un trámite tardado y carísimo, por el abuso de los servidores públicos ante la necesidad de la gente. Esta situación se agudiza en municipios de las regiones apartadas como las sierras Norte, Negra y la Mixteca, donde el cobro excesivo por trámites es escandaloso. Esta denuncia se hará pública en breve con casos concretos.
Por otra parte, a consecuencia del “terrorismo laboral” que se vive al interior de la dependencia, hay una cascada de denuncias contra Carmona Sosa y Alejandra Guadalupe San Martín Huerta (sobrina del ex diputado Saúl Huerta acusado por delitos sexuales contra menores), director general y subdirectora, luego de la información vertida el 14 de febrero en este espacio, y después de que ellos emprendieran una cacería en contra de jueces y funcionarios que no pertenecen a su equipo.
Despidieron de manera injustificada a dos juezas en funciones, quienes han denunciado sus casos ante la autoridad competente, por ello decidieron omitir sus nombres para no afectar su proceso.
A una de ellas se le acusó de haber realizado una boda privada en enero pasado fuera de su jurisdicción, pese a que se le aclaró que la boda fue un favor especial que el director general solicitó en su momento para casar a su propia hermana.
Otra forma de ejercer presión sobre personal que ha sido despedido, es a través de mensajes amenazantes e intimidatorios vía celular. Hay denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por estos hechos.
Otra denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, se presentó el 15 de marzo pasado, contra el director general y cuatro funcionarios de oficinas centrales por diversos delitos, cuya copia se nos hizo llegar.
Existen alrededor de cinco denuncias más, cuyas copias obran en nuestro poder, pero para evitar violaciones al procedimiento, los quejosos solicitaron omitir por el momento nombres y números de carpetas.
ACTAS DE DEFUNCIÓN Y BODAS PRIVADAS
Luego del reportaje publicado por #DiarioReporter en febrero pasado, personal de agencias funerarias contactó a este medio informativo para narrar la forma en que los jueces de Puebla capital, principalmente, cobran hasta 200 pesos por acta de defunción, siendo que el documento no tiene costo.
También contactamos a varias parejas que en meses pasados solicitaron el servicio de matrimonio a domicilio en fin de semana, hecho por el cual les cobraron hasta 5 mil pesos, sin otorgarles recibo alguno.
Los señalamientos hechos, de los cuales tenemos grabaciones y documentos con sellos oficiales, reflejan claramente la red de corrupción existente en la dependencia y que genera millonarios ingresos para los involucrados.
Todas estas denuncias formuladas por ciudadanos afectados en sus derechos al realizar trámites ante el Registro Civil, así como los despidos injustificados, las amenazas e intimidaciones, constituyen actos de corrupción que ni Ana Lucía Hill Mayoral secretaria de Gobernación ni Amanda Gómez Nava, de la Función Pública, han querido investigar por razones inexplicables. @DiarioReporter
