Por Jesús Ramos
Sabrá Dios a qué alcaldes de Puebla les darán la oportunidad de reelegirse, pero a estos cuatro definitivamente no. El gobernador Alejandro Armenenta encendió el reflector. Y lo que apareció no fue virtud republicana, sino ediles a los que la reelección debería negárseles por higiene pública.
Se trata de presidentes municipales presuntamente vinculados con bandas dedicadas al robo de autopartes y, probablemente, al robo de vehículos. Fue una advertencia, pero también un veto político.
Por sus nombres les conoceréis. José Guadalupe Méndez de Ciudad Serdán, Mateo Hernández de Tecamachalco, Guadalupe Martínez de Quecholac e Issac Rodríguez de Esperanza. No están en la lista de ineficientes, sino de señalados, grupo para cerrarles las puertas del 2027.
La reelección no es un derecho natural, es un premio condicionado a resultados y amistades. A la lista se suma, por otro carril pero con igual gravedad, Carlos Barragán Amador de Xicotepec de Juárez, no por vínculos criminales (al menos no exhibidos), pero sí por algo igual de corrosivo, los sobrecostos en obra pública.
En tiempos de discursos austeros, inflar contratos es una confesión sin palabras, quien saquea el erario no merece repetir. Morena, PAN, PRI o las franquicias de temporada deberían considerar lo aquí expuesto. Si en el 2027 regresan a la boleta estos u otros munícipes corruptos, el mensaje será claro, aquí no se castiga, se recicla.
La lámpara ilumina más allá de los nombres ya dichos. En situaciones similares, por asuntos de inseguridad que carcomen la vida cotidiana tendrían que agregarse a Alejandro Barroso de Tehuacán, Juan Manuel Alonso de San Martín Texmelucan, Guadalupe Cuautle de San Andrés Cholula y Omar Muñoz de Cuautlancingo.
Son estos municipios estratégicos, corredores industriales y comerciales donde la violencia, la extorsión o el desorden no son rumores, sino experiencia diaria. Gobernar no es administrar excusas, con ellos la inseguridad es persistente, define por tanto malos gobiernos.
Habrá quién diga que son tiempos de linchamiento político. Falso. El linchamiento es popular y sin pruebas. En los primeros cuatro hay señalamientos públicos del Ejecutivo y realidades que no se esconden con boletines. En los demás sobrecostos, criminalidad, nepotismo e ineptitud.
También argumentarán presunción de inocencia. Correcto. Para los tribunales. Pero la reelección no es un juicio penal, es una evaluación política. Y la política, cuando es responsable se adelanta al daño.
Armenta entendió algo elemental. La seguridad y la honestidad ya no admiten tibiezas. Exhibir es un acto de poder, sí, pero también de responsabilidad. El gobernador puso el filtro, ahora falta que los partidos no se hagan los desentendidos. @noticiasreportero
