Por Carlos Clemente
Cuando un gobernante habla en informes, comparecencias ante el poder Legislativo o ante los medios de comunicación y afirma una y otra vez que en su administración hay democracia, apertura, tolerancia, diálogo y acuerdos, desconfíe, porque algo no anda bien.
Es parte de una narrativa oficial ya bastante desgastada de los hombres de poder.
Una línea discursiva muy rancia, en términos pragmáticos significa que en la realidad ocurre todo lo contrario: cerrazón, intolerancia, cero diálogo y autoritarismo.
La protesta social es un recurso de los ciudadanos consagrado en la ley y es responsabilidad del Estado garantizar esa libertad de expresión.
Cuando los ciudadanos organizados deciden salir a las calles, es porque el gobierno en turno incumple en algunas de sus múltiples responsabilidades y compromisos hacia sus gobernados.
El tema se torna preocupante cuando se recurre a las fuerzas del orden para acallar esas voces discordantes. Cuando el escudo y el tolete sustituyen al diálogo.
Termina por imponerse sólo una voz, una voluntad, la del gobernante en turno.
Algo no anda bien, cuando una legisladora federal, representante de pueblos indígenas de la Sierra Negra, surgida del mismo movimiento de regeneración nacional, denuncia la existencia de “un gobierno represor, dictador y autoritario”.
Acusa que ciudadanos han sido víctimas de violación a sus derechos humanos y políticos y señala que hay manipulación hacia la Fiscalía General del Estado para sembrar el terror a través de denuncias penales.
Algo en el gobierno estatal no está funcionando cuando la misma diputada federal le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que “ponga atención al estado de Puebla” para que no haya más represión y violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
Los conflictos sociales tienen el riesgo de desbordarse cuando hay indicios de represión. Recordemos el caso Chalchihuapan en 2014, que puso en jaque al morenovallismo tras el uso excesivo de la fuerza pública que dejó una víctima mortal.
Está claro que ante los ojos de un grupo de poblanos que han decidido oponerse a la voluntad del Ejecutivo avalado por un grupo de diputados locales, la reacción del gobernador empieza a tener un matiz autoritario.
En el recinto Legislativo, curiosamente ayer mismo, durante la comparecencia de Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación, se escucharon reiteradamente las palabras democracia, apertura, tolerancia, diálogo y acuerdos.
Mientras en la Ciudad de México, Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación federal, conocía a detalle los hechos registrados en Puebla. @DiarioReporter
