*La narrativa gubernamental incluye combate y erradicación de esta práctica, pero en la realidad nada de eso ocurre.
*Ningún pez gordo está en la cárcel.
*De dientes para afuera se les señala, pero sólo para crear cortinas de humo que ocultan ineptitudes y falta de resultados.
Por: Dante de la Piedra
La corrupción es el cáncer de todo gobierno, y aunque como discurso populista los mandatarios en turno alardean combatirla, la promesa de fincar responsabilidades no se cumple ni se lleva a prisión a los corruptos que a los ojos de Puebla se han hecho millonarios en poco tiempo.
La corrupción existe porque existe la impunidad. Y en porcentaje del Producto Interno Bruto llega a representar entre el 5 y 10 por ciento.
Nombres, cargos y ejemplos de prácticas corruptas han sido denunciadas incluso por el mismo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sin que a la fecha ni la secretaria de la Función Pública Amanda Gómez Nava ni Francisco Romero Serrano de la Auditoría Superior del Estado, hayan fincado responsabilidades administrativas que abran paso a la acción y justicia penal.
La corrupción tiene rostros y apellidos en Puebla, todos están plenamente identificados; rostros, con montos de daño patrimonial a las arcas gubernamentales sin que Miguel Barbosa lleve hasta sus últimas consecuencias cada caso.
Con frecuencia habla de investigaciones y denuncias contra los corruptos, mismas que se publican incluso a ocho columnas, pero ninguno de los peces gordos de su administración está en la cárcel, lo que alimenta a los poblanos sospechas de complicidad o diseño gubernamental de cortinas de humo para ocultar su falta de resultados.
Guillermo Aréchiga Santamaría.
Secretario de Movilidad y Transporte hasta el 11 de marzo de 2021, fue desalojado de las oficinas de la dependencia con elementos de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de la Función Pública, para evitar sustracción de documentos y equipos de cómputo.
Guillermo Aréchiga Santamaría dejó proyectos a medias y una estela de denuncias de extorsión, corrupción y de fomentar el transporte pirata en todo el estado.
El aumento de 2 pesos con 50 centavos al pasaje autorizado el 22 de septiembre de 2019, no justificó nunca la modernización del transporte ofrecida para agosto de 2020. Un alto número de las unidades son chatarra.
Un dato revelador, sólo 300 de las 17 mil unidades que circulan en toda la entidad fueron rehabilitadas y equipadas con botones de pánico, localizadores y cámaras de Seguridad conectadas al C5. Las 16,700 restantes circulan a la buena de Dios, lo mismo que a quienes transportan.
Sólo el 35 por ciento del parque vehicular cumple con un máximo de 10 años de antigüedad, el resto lo rebasa, violando la ley en la materia.
Como secretario, permitió que la supervisión al transporte público y mercantil en el estado se convirtiera en una permanente campaña de extorsión que le permitió obtener millonarios botines.
Así lo probaron transportistas de Tehuacán, quienes en reiteradas ocasiones denunciaron que Aréchiga Santamaría toleró a Jorge Balderas, delegado en la región, quien a través de su hermano Ricardo Balderas, sin relación laboral con la dependencia, extorsionara permanentemente al transporte, la denuncia no ha sido investigada incluso a la fecha.
En agosto del 2020, Transportistas de Atlixco, a través de Héctor Castillo Flores, representante de la línea Acapetlahuacan, acusó a Aréchiga Santamaría de tolerar el transporte pirata de las empresas ERCO y ORO, con unidades tipo Express Van, que brindan servicio entre Puebla, Atlixco e Izúcar de Matamoros sin los permisos correspondientes. Esquema de operación que se repite en muchas regiones de la entidad.
A través de su hijo, Rubén Aréchiga González, operó la empresa responsable de administrar y enviar al C5 los videos obtenidos de las cámaras instaladas en el transporte público.
El responsable de documentar el expediente de corrupción por encargo del gobernador fue el chiapaneco Seth Yassir Vázquez Hernández, subsecretario de Movilidad y Transporte, quien posteriormente también fue despedido de manera fulminante por el propio gobernador, tras conocerse las acciones de corrupción y traición del grupo de funcionarios chiapanecos incrustados en diversas dependencias.
Raciel López Salazar
Exsecretario de Seguridad Pública. Desde que recibió el nombramiento del gobernador Barbosa fue señalado de corrupto y de estar asociado con el crimen organizado de Chiapas. Nada de eso le impidió asumir la seguridad pública del Estado.
El 9 de marzo de este año, se destapó la cloaca en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, cuando el gobernador anunció la salida de Raciel López Salazar (nombrado el 28 de febrero del 2020) y su grupo de funcionarios chiapanecos, a quien acusó de permitir y tolerar la corrupción a diferentes niveles de la dependencia y de llevarse hasta los muebles al momento de su retirada.
Entre otras cosas, funcionarios del grupo chiapaneco construyeron un “hotel” al interior del penal de San Miguel para visitas sexuales, cuyos cuartos acondicionados con camas y baños tenían costos de 250 pesos la hora a 2,500 pesos el día completo, así como el ingreso libre y permanente de prostitutas.
Desde el mismo penal, se difundieron videos de reos que eran víctimas de tortura y extorsión, actos fomentados por los propios directivos, la investigación de los hechos nunca prosperó.
También se denunció que desde la Dirección de Policía Procesal se autorizaban evaluaciones de riesgo, mismas que se vendían hasta en 50 mil pesos, lo que permitía que un detenido fuera evaluado de baja peligrosidad y obtuviera su libertad o bien lograra otra medida cautelar sin pisar la cárcel.
A su arribo, colocó en puestos clave a incondicionales chiapanecos, lo que a la postre derivó en protestas y paros de policías, quienes acusaron malos tratos, incapacidad de sus mandos y la promesa incumplida de aumento salarial.
El mandatario poblano pasó por alto el expediente de Raciel López, durante su gestión como fiscal en Chiapas en 2009, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, represión contra protestas sociales y persecución a organizaciones y ciudadanos críticos al gobierno en turno.
A pesar de todo lo anterior sigue libre, y ni el mismo gobernador puede explicar las razones del por qué la Fiscalía del Estado no ejerce acción penal contra él.
Jorge Aguilar Chedraui
Secretario de Salud en el gobierno del Rafael Moreno Valle, de 2011 a 2013, originario de Xalapa, Veracruz, fue señalado por un desfalco de alrededor de mil millones de pesos. Sin embargo, sus cuentas públicas ya fueron validadas por la Auditoría Superior del Estado.
La corrupción en Salud fue escandalosa, tan sólo los primeros dos años fueron suficientes para amasar una fortuna que le permitió adquirir un lujoso avión, en sociedad con dos personajes más.
Aguilar Chedraui generó un quebranto por mantenimiento, rehabilitación y ampliación de unidades médicas por 165 millones de pesos, mismas que después fueron sustituidas por los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), cuya construcción con sobrecosto generó un daño por 804 mdp para dar un total de más de 969 mdp.
En la trama de corrupción, involucró a su primo Eduardo Torres Chedraui y a Alfonso Eduardo Letayf Acar, así como a Gabriel González Cossío, quien operó las triangulaciones y los esquemas de negocios. El gobierno de Barbosa amagó con abrir sus cuentas, hecho que nunca ocurrió y sigue impune.
José Cabalán Macari Álvaro
Secretario de Administración y de Infraestructura en el morenovallismo, es originario de Yucatán y participó como modelo en videos con Paulina Rubio.
Como secretario de Administración, operó la desaparición de las concesiones de los verificentros y otorgó una nueva concesión a su tío Jorge Kahwagi Gastine y su primo Jorge Kahwagi Macari, con quienes se habría asociado para el programa vehicular.
Desde la secretaría de Infraestructura, entregó obras al Grupo Higa –uno de los consentidos del sexenio- por 26 mil 212 millones de pesos.
La sombra de la corrupción lo persigue al presentar sobrecostos en todas las obras, como el edificio de la Fiscalía General del Estado, originalmente costaría 158 mdp y al final fueron 214 mdp.
En octubre del año pasado, el gobernador Barbosa denunció las irregularidades con las que se creó y ha operado el sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que implica el pago de 234 mil millones de pesos en beneficio de las empresas privadas durante los casi 28 años que dura la concesión, algo incosteable para el gobierno del estado.
Adelantó que hay procedimientos penales iniciados por la corrupción detectada, siendo Cabalán Macari, uno de los ex funcionarios involucrados.
Una de las obras asignadas a Oceanografía, firma inhabilitada en el sector público por actos de corrupción, obtuvo en Puebla –entre otros- el proyecto integral de imagen urbana del Corredor Turístico Cultural ubicado en el Centro Cívico 5 de Mayo, por un monto de 70 millones 994 mil 352 pesos.
A estos nombres pueden sumarse otros exmiembros del gabinete de Barbosa como Rodolfo Chávez Escudero, Armando Toxqui Quintero y Vanesa Barahona.
