Por Carlos Clemente
Negar un aumento a la tarifa del transporte público es lo menos que puede hacer el gobierno estatal luego de haber permitido a los concesionarios incumplir el acuerdo del 12 de octubre de 2019, cuando Barbosa cedió a sus presiones y aumentó el pasaje en un 41 por ciento.
El acuerdo establecía un plan de modernización del servicio que nunca, nunca desde el gobierno, se observó para su puntual cumplimiento.
Es el gobierno del estado el único responsable del caos en que encuentra el transporte público y el pésimo servicio que ofrece.
Durante tres años ha permitido todo tipo de irregularidades en el servicio:
Nunca han obligado a los transportistas a aprobar una revista, por ello el mal estado de las unidades.
Permitieron que proliferara el transporte pirata en todo el estado. Para muestra el Periférico.
Toleraron la circulación de unidades sin placas. En Tehuacán se cuentan por cientos.
Se olvidaron del seguro del pasajero. Ocurren accidentes y nadie se hace responsable.
Las unidades nunca se renovaron, por el contrario, se fueron deteriorando hasta convertirse en chatarra.
Avalaron la circulación de vehículos con más de 10 y 12 años de antigüedad.
No profesionalizaron a los conductores.
Nunca instalaron las cámaras de vigilancia. Llevan meses licitando el programa.
Se olvidaron de los reguladores de velocidad.
La supervisión del servicio es inexistente. Ni siquiera los cientos de reportes ciudadanos se atienden o tienen seguimiento.
Demoraron meses para una nueva ley que, a casi un año de aprobarse en el Congreso local, ha sido letra muerta. No se aplica ni se obliga a los concesionarios a cumplirla.
El acuerdo alcanzado en 2019, incluye un estudio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap), el cual recomienda evaluar la modificación de derroteros, mejorar la infraestructura, financiar la renovación del equipo, aprovechar las nuevas tecnologías y contener los costos de operación.
Por incapacidad o negligencia, la titular de Movilidad y Transporte Elsa Bracamonte, se ha cruzado de brazos y ha incumplido con su obligación, pero se mantiene intocable por razones políticas.
Pecan de cínicos al no asumir su responsabilidad como autoridad, en tres años no lo han hecho y han dejado que este servicio público opere con total impunidad y un tufo a corrupción. No se puede explicar de otra manera. @DiarioReporter
A qui en Puebla, el peor enemigo de los ciudadanos y los transportistas, siempre ha sido el gobierno, ya que los transportistas reales, hemos querido dar un mejor servicio y con mejores unidades, y el gobierno nunca lo ha permitido, poniendo muchas trabas y altos costos en los trámites, siempre saca su buena lana en todo, hay mucha corrupción en secretaría. Según iban a acabar con ella, y sí, acabaron con corrupciones pequeñas y se fueron a lo grande, haciendo negociaciones con la empresa RUTA y con organizaciones a las que le permiten trabajar de forma pirata, sin placas y sin ninguna ley que los reprenda, ya que están cobijados por el gobierno de Barbosa, y si hablamos de gente que no está apta para para desempeñar ciertos puestos es precisamente el Gobernador Miguel Barbosa, con su pésimo desempeño, pagándole a la prensa, para ensuciar y tachar de criminal a todo aquel le estorba o habla mal de su trabajo.
Barbosa, renuncia, merecemos un mejor gobierno los Poblanos.