Por: Jesús Ramos
Ninguna narrativa oficial ni escándalo político, como el de Nacho Mier y Rueda, pueden amainar la tormenta perfecta que se desató en Puebla por los asesinatos de Cecilia Monzón, Sandra Elizabeth y los tres indígenas de Coyomeapan.
Y en el centro de toda esa vorágine, un gobierno estatal remando a contracorriente contra lo que no puede, la inseguridad y un estado de derecho vulnerado, donde priva la impunidad y la violencia.
Con una Policía Estatal que ya dio muestra de ser sicaria, al asesinar a un joven de 15 años y dos indígenas en la colindancia de Zoquitlán y Coyomeapan, y herir a ocho más, dos de ellos de gravedad, el panorama para los poblanos pinta desalentador hacia el futuro de corto y largo plazo.
Tan graves son las heridas del profesor Lauro Gil Arguelles y Marco Antonio Solís, indígenas ambos de la sierra negra, que lo que comen o beben se les sale por los orificios de los balazos que les asestaron los policías del estado.
Cuatro impactos a quemarropa, recibió Marco Antonio entre la mandíbula y el cuello, mismos que le desfiguraron el rostro, y que si sobrevive tendría la necesidad de usar elementos mecánicos para ayudarse a masticar.
A Lauro Gil le ocurre lo mismo, lo que ingiere se le sale por los agujeros de los dos impactos de R15 que le dispararon en el abdomen el 9 de mayo, día en que le emboscaron a él y a otros 15 de sus compañeros indígenas en el paraje de Cobatzalco.
A Cecilia Monzón la asesinaron el sábado 21 de mayo en San Pedro Cholula. Y por la tarde, detuvieron a Arturo Rueda director del diario Cambio por el delito de extorsión.
Asegurar que se trató de una cortina de humo para desviar la atención del crimen de la activista y de la ejecución de los indígenas en Coyomeapan sería irresponsable, pero pareciera que fue con ese propósito.
La ONU ya intervino en el caso Coyomeapan, no tarda en hacerlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y España, está presionando para que se esclarezca el crimen de Cecilia Monzón quien tenía las dos nacionalidades, española y mexicana.
Muy parecido al caso de Debanhi Escobar es el de Sandra Elizabeth, a quien levantaron el 27 de abril en la junta auxiliar de Chachapa, perteneciente a Amozoc, y un mes después apareció igual que Debanhi en una cisterna, demostrando la lentitud con que actúan las fiscalías tanto de Monterrey como de Puebla ante una emergencia de esta naturaleza.
En Coyomeapan, es el día y la hora que la FGE no ha recogido las declaraciones de los indígenas que sobrevivieron a la emboscada de la Policía Estatal.
Mientras los tres casos continúen en suspenso, la tormenta seguirá azotando a este gobierno estatal, lento en sus respuestas, carente de reflejos y sin una narrativa que convenza estar haciendo bien las cosas en la realidad.
Aunque Andrea Cerami, jefe de la comitiva de la ONU que estuvo en Tehuacán para recoger las versiones de los sobrevivientes de la emboscada en Cobatzalco no dio declaraciones a la prensa, se sabe que por la violación grave a los derechos humanos de los indígenas, la Organización de las Naciones Unidas no sólo podría emprender sanciones legales y diplomáticas contra Miguel Barbosa, sino también contra Andrés Manuel López Obrador por ser omisos al clima de hostigamiento que sabían existía en Coyomeapan sin que hicieran algo al respecto. @DiarioReporter
