Por Carlos Clemente
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla pretende lavar el rostro a las autoridades estatales responsables y al grupo caciquil de los Celestino Rosas con su recomendación 12/2023, por el homicidio de tres indígenas en Coyomeapan en 2022 a manos de policías estatales y sicarios.
Se queda muy corta y es apenas un paliativo para la comunidad indígena que exige justicia, cuando está por cumplirse un año de la emboscada y ejecución de tres campesinos –entre ellos un menor de edad- y siete más que resultaron heridos.
Con Barbosa, al presidente de la Comisión, José Félix Cerezo Vélez, le tembló la mano para señalar las violaciones a los derechos humanos de los indígenas de la Sierra Negra, pese a múltiples denuncias.
A once días de cumplirse un año de los sangrientos hechos, el ombudsman emitió una recomendación a la SSP y al ayuntamiento de Zoquitlán.
La recomendación de José Félix Cerezo Vélez, olvidó al menor de 17 años que resultó herido de bala en la pierna, la misma bala que le arrebató la vida a Omar de 16 años.
Pasó por alto también que los homicidios y las violaciones a los derechos de los indígenas es derivado de la participación de sicarios infiltrados vestidos de policías que responden a las órdenes de la familia Celestino Rosas, de acuerdo a denuncias de los afectados.
La CDH Puebla no señala responsabilidad alguna del presidente municipal de Coyomeapan Rodolfo García López, esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas, pese a que el fondo del problema es el conflicto político poselectoral.
En otras palabras, José Félix Cerezo Vélez les lava las manos a los Celestino Rosas.
Olvida la CDH Puebla que hay una periodista desplazada, que ha recibido amenazas de muerte de parte de los Celestino, situación documentada y cuyo expediente fue entregado a la Comisión.
Aunque la CDH Puebla asegura que realizó múltiples visitas y entrevistas con las victimas inmediatamente después de los hechos, habitantes de Coyomeapan indican que no hubo suficiente trabajo de campo.
Pobladores y familiares de las víctimas claman justicia, pues tienen la certeza de que la emboscada fue un hecho deliberado, planeado con antelación. Desde el 17 de abril del 2022, semanas antes de que los acribillaran hubo aparatosos operativos de la Policía Estatal en zonas donde nunca entran.
El documento de la CDH Puebla tampoco consideró las quejas contra el Instituto Electoral del Estado (IEE) que el 31 de agosto de 2021 entró en medio de un fuerte operativo policiaco, en un acto de provocación hacia los pobladores.
Finalmente, quién sancionará al secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, por falsear información durante la conferencia mañanera del 10 de mayo de 2022, ante el propio gobernador Barbosa.
Tanto Cruz Luna como la diputada federal Araceli Celestino, torcieron la verdad, criminalizaron a los indígenas y los señalaron de ser los agresores. A ellos, ¿quién les va a fincar responsabilidades? @DiarioReporter
