Por Héctor Llorame
Las cárceles de Puebla alojan a 7 mil 603 personas privadas de su libertad, pero casi dos tercios se encuentran con prisión preventiva, en espera de una sentencia en contra o la exoneración del delito que les imputan. Mientras tanto, habitan en hacinamiento debido al sobrecupo que persiste en los penales.
Así lo exhibió el INEGI en su Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios 2023, que ubicó a la entidad poblana en el noveno lugar nacional con mayor sobrepoblación, pese a contar con 21 centros penitenciarios estatales y regionales.
El estado cerró el año pasado con espacio para 6 mil 842 personas encarceladas, así que la cifra total de gente presa representa un sobrecupo del 11.5 por ciento, de acuerdo con el estudio.
Aún así, esto significó un avance, pues hasta el año pasado Puebla era cuarto lugar nacional en saturación de cárceles, mientras que en los primeros lugares se mantienen Estado de México y Nayarit, donde el número de personas encarceladas duplica la totalidad de espacios en las prisiones.
En contraste, las tasas más bajas de ocupación de cárceles se encontraron en Yucatán (54.5 por ciento); Campeche (54.3) y Colima (34.3).
De acuerdo con el INEGI, en el año 2023 abandonaron la prisión 4 mil 169 personas, pero ingresaron 3 mil 540, de las cuales, el 90 por ciento fueron hombres y el resto mujeres.
Entre la población carcelaria se encuentra gente de otros estados e incluso extranjera, pues se contabilizó a siete personas originarias de Estados Unidos; cinco de Guatemala; dos de Colombia; dos de Honduras; una del Salvador y otra de Argentina.
No obstante, del universo de 7 mil 603 personas privadas de su libertad, el 50 por ciento se encuentran en prisión preventiva oficiosa o justificada, así que siguen en espera de la conclusión de sus juicios para recibir una sentencia, favorable o en contra.
El 30 por ciento ya se encuentra en el cumplimiento de una sentencia y el otro 10 por ciento está en una situación incierta, cuya situación jurídica se clasificó como desconocida.
Cabe destacar que el censo del INEGI identificó a 148 personas encarceladas de origen indígena: 126 hombres y 22 mujeres.
