Por Jesús Ramos
Dos denominadores comunes comparten los alcaldes sobre los que han caído operativos de la Fiscalía General del Estado en días recientes, son sus viejos cacicazgos y la promoción de actividades ilícitas en zonas de su influencia lo que les vincula.
Los González Vieyra representan aquellos caciques añejos de Tlachichuca que ampliaron sus dominios hacia Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires en sociedad con Movimiento Ciudadano, dos de los cuales están tras las rejas por presunciones de robos en carretera, droga, secuestro y otros horrores.
Se iniciaron en la política cobijados por las siglas del PRI en el año 2000. Al conquistar la presidencia municipal del Tlachichuca, hace más de dos décadas, jamás la soltaron a la fecha.
Así como fueron priistas también adoptaron las siglas del PAN en el ciclo de Rafael Moreno Valle, ahora lo son de Movimiento Ciudadano sin que les ruborice su criticable chapulineo con tal de conservar el control regional de la zona.
Ampliaron su rango de influencia en Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires sin ser originarios de esos dos municipios con la complacencia de MC, partido que les facilitó las siglas para que compitieran en elecciones pasadas.
El otro cacicazgo que ha sido torpedeado por la FGE, con la misma presunción de delitos que los González Vieyra, es el de Ardelio Vargas. A su alcalde Alfredo “La Yerba” Ramírez Hernández de Ahuazotepec le encontraron armas de fuego, droga y documentos que le comprometen durante un operativo de la Marina y Guardia Nacional, además de la Policía Estatal.
La influencia política de Ardelio comprende la pestaña norte de Puebla colindante con Veracruz, bajo su dominio se encuentran presidencias municipales como la de Alfredo Ramírez y diputaciones como las de su hija Guadalupe Vargas y compadre Miguel Márquez Ríos.
Es el modelo de negocios lo que la FGE ha golpeado con los Vieyra y Ardelio, este último por el huachicoleo de electricidad de la presa de Nuevo Necaxa de la que es líder sindical Miguel Márquez, hilo conductor para abrir la Caja de Pandora de ese y otros ilícitos.
Otra parte de la operación desarticuladora de caciques con arterias delincuenciales la configura Gerardo Cortés, alcalde prófugo de Cuautempan, protegido del cacicazgo político del Partido del Trabajo, acusado de secuestro y atrocidades diversas.
Están cayendo alcaldes, el hilo se rompe por lo más delgado, pero en realidad el objetivo del estado es cortar los vínculos de las organizaciones criminales con los caciques, entes controladores de grandes regiones de Puebla. @noticiasreportero
