*Las prostitutas en las calles no representan ingresos municipales importantes, pero dentro de hoteles, moteles y vecindades crean derechos, impuestos y servicios que benefician las arcas del ayuntamiento y del estado.
*Información de inteligencia estatal y municipal, en poder de Reporter, identifican a los lenones que operan en la ciudad capital, pero no los detienen por ocuparlos para desestabilizar política y electoralmente.
*La banda de los chiapanecos recogía hasta 100 mil pesos mensuales por extorsionar a los lenones de la prostitución en Puebla.
Por: Jesús Ramos
Al obligar a las prostitutas a recluirse en hoteles, moteles y vecindades del centro histórico, el ayuntamiento de Puebla de Eduardo Rivera Pérez promueve el consumo de la prostitución, monetiza el trabajo sexual, se asume como lenón y fomenta la trata de blancas por hacer excepciones a normas jurídicas no justificables.
En Puebla, como en la mayor parte del país, el ejercicio de la prostitución no es constitutivo de un delito y tampoco está regulado, por tanto, quienes lo ejercen libremente en las calles tienen todo el derecho de ganarse la vida de esa manera.
Mientras las trabajadoras y trabajadores sexuales presten sus servicios a cielo abierto no son generadores de riqueza para el ayuntamiento del PAN, pero si son obligadas a pagar cuartos de hoteles, entonces las cosas cambian porque crean impuestos por hospedaje, derechos y servicios provocando derrama económica tanto para los propietarios como para las arcas municipales de Rivera Pérez y de la entidad.
Con el propósito deliberado de monetizar la prostitución metiendo a las trabadoras sexuales a los hoteles, moteles y vecindades, so pretexto de no afear y ordenar las calles del centro histórico, o por ingenuidad, el alcalde de Puebla capital viola la Constitución Mexicana y la del Estado poblano en libre tránsito, leyes secundarias como la del Trabajo y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Información confidencial obtenida por servicios de inteligencia de Gobernación y estudios de prostitución del ayuntamiento de Rivera Pérez y del gobierno del estado, en poder de Reporter, revelan que ambas autoridades tienen identificados perfectamente a los cobradores de piso y delincuentes que lucran con el trabajo sexual en Puebla.
Y si por omisión no combaten tanto el lenocinio como la trata de blancas, también son responsables por permitir la consumación del delito el secretario de Gobernación municipal Jorge Cruz Lepe, el gerente Adán Domínguez, la de Igualdad Sustantiva Karina Romero Alcalá y el propio alcalde. Mientras que por el lado del gobierno estatal serían coparticipes los funcionarios Ana Lucía Hill Mayoral de Gobernación y Daniel Iván Cruz Luna de Seguridad Pública.
Las áreas de inteligencia identifican a Martín Juárez Sánchez y Federico López Flores como cabezas de organizaciones que comercian con la prostitución en el centro histórico de Puebla, pero también a Juan Rosas “El Moles”, Alberto Juárez “El Canibal”, Rocío Juárez “La Pechuga”, Brayan Alberto Juárez, Gustavo “El Tavo”, “La Lola” y “El Keos”.
Los mismos reportes de inteligencia gubernamental reconocen que la impunidad de la que han gozado por varios lustros Martín Juárez y Federico López en el centro histórico, así como sus cómplices, se explica porque política y electoralmente han servido a gobiernos del PAN, lo hicieron con Rafael Moreno Valle y lo siguen haciendo en la actualidad.
Ambos personajes fueron agentes desestabilizadores en los comicios de 2018, 2019 y 2021. Y aunque aprehendieron a Federico el año pasado por no alinearse a las necesidades electorales del estado, Martín Juárez sí lo hizo, lo que le valió que no fuera detenido y tampoco afectaran sus fuentes de ingresos ilícitas.
Las 800 trabajadoras sexuales del centro histórico, en estimaciones del propio ayuntamiento y gobierno estatal, pagan a los lenones de Martín y Federico 100 pesos diarios por derecho de piso, cada una, cantidad que de no ser cubierta se traduce en motivo de golpiza y levantón, independientemente del importe que deben cubrir por los cuartos de hoteles, moteles y vecindades.
En los moches de la prostitución en Puebla también participan inspectores del ayuntamiento y policías municipales, quienes cobran en dinero o con servicios sexuales a las prostitutas cada determinado tiempo, según consta estudio en la materia elaborado por la propia comuna el año pasado y que obra en poder de Reporter.
Trabajadoras sexuales revelaron al ayuntamiento el año pasado que los operativos policiacos municipales o coordinados con la Fiscalía General y el estado son pura simulación institucional para justificar acciones contra la trata y el ordenamiento de las prostitutas, mismos que sirven para armar delitos inexistentes y para remitirlas al Juzgado Calificador, donde les sacan desde 800 hasta 7 mil 500 pesos.
Si bien los servicios sexuales están más visibilizados en el centro histórico de la capital poblana, varios de los lenones ya citados han expandido su imperio a mercados, parques e incluso a la autopista México-Puebla y Puebla-Veracruz.
La peligrosidad de las áreas donde se oferta el trabajo sexual fue clasificada por la presidencia municipal en zonas peligrosas y de mayor riesgo, ubicándose en la primera categoría el centro histórico, Paseo Bravo, Mercado Hidalgo y Mercado Independencia.
Las zonas de mayor riesgo son la autopista Puebla-México, Puebla-Veracruz, Orilla a Cholula, Entronque de Amalucan y Zona CAPU, donde levantan prostitutas y transféminas, algunas aparecen golpeadas y otras ya no aparecen.
El año pasado fueron levantadas 20 encuestas por la autoridad municipal al mismo número de prostitutas y transféminas, los resultados arrojaron que les cobran derecho de piso diariamente, son extorsionadas por lenones y autoridades, hostigadas, las detienen arbitrariamente, las discriminan y estigmatizan.
Ambos gobiernos, el estatal y el municipal, no les acercan programas sociales, no les dan alternativas de trabajo, carecen de seguridad social, no investigan sus feminicidios, las agresiones en su contra, tampoco les imparten talleres de oficios y no les brindan apoyos de ninguna naturaleza.
El Código Reglamentario para el Municipio de Puebla en sus artículos 207, 209, 615 y 617 considera la prostitución en las calles como falta administrativa. Sin embargo, tanto la Constitución Mexicana como los códigos federal y estatal no la califican de delito. Puebla tiene lagunas jurídicas en trata de blancas y prostitución y el Congreso del Estado no se ha interesado en corregirlas.
En distintos países del mundo han adoptado modelos de prostitución prohibicionistas, abolicionistas, reglamentaristas, legalizadores y proderechos, los dos últimos consideran la prostitución como un trabajo con obligaciones y derechos enmarcados en Leyes Federales del Trabajo.
México no penaliza el trabajo sexual como actividad laboral de la persona que se prostituye, incluso, la Constitución protege a la prostituta por ser un medio para ganarse la vida. Sí en cambio sanciona el lenocinio y la trata, y todo aquel producto financiero o derrama económica que beneficie a un tercero como sucede con los lenones y tratantes de blancas.
Están imposibilitados los ayuntamientos para aplicar sanciones y normar el fenómeno de la prostitución, o la modalidad de explotación sexual, lo único que pueden hacer es aplicar faltas administrativas sólo sí hubiera un ofendido por afectación de derechos a terceros.
El Código Penal Federal penaliza el lenocinio y la Trata. Y el Código Penal del Estado de Puebla a la letra dice:
Artículo 226.- Comete el delito de lenocinio: I.- Quien obtenga una ventaja económica u otro beneficio procedente del comercio sexual de otra persona mayor de edad; y II.- El que regentee personas o establecimientos, con el consentimiento de aquéllas, con la finalidad de que ejerzan la prostitución, obteniendo cualquier beneficio o lucro. Artículo 228.- Los delitos en materia de Trata de Personas y sus sanciones serán los que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla A) la existencia de una o más personas que se dediquen a la prostitución (sujetos pasivos); b) que el sujeto activo explote a los sujetos pasivos, esto es, que obtenga un beneficio de la prostitución por ellos practicada; y, c) que la explotación se lleve a cabo mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Mientras las trabajadoras sexuales oferten sus servicios en las calles, el ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez no puede obtener ningún beneficio de ingreso legal a sus arcas ni prohibirles el libre tránsito, lo único que podría ingresar son recursos económicos por faltas administrativas, cosa que rara vez se registra y reporta en obligaciones de transparencia.
Ahora bien, si las prostitutas y transféminas son obligadas por las autoridades municipales a ejercer dentro de hoteles, moteles y vecindades, entonces ellas se convierten en clientas de cuartos e inquilinas de renteros y en generadoras de impuestos, derechos, permisos de funcionamiento y servicios que son pagados por los dueños de los negocios y propietarios de los inmuebles al estado y al municipio de Puebla, artilugio bastante inteligente para monetizar el trabajo sexual.
El estudio elaborado por el ayuntamiento poblano arroja la inexistencia de políticas públicas estatales y municipales encaminadas a darles apoyo institucional o alternativas laborales distintas para que las trabajadoras sexuales se ganen la vida de otra manera. Por el contrario, las criminalizan, estigmatizan y discriminan del resto de la población.
Fuentes estatales de muy buena categoría revelaron que mientras Raciel López Salazar, y su grupo de chiapanecos, estuvieron al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, recogían cuotas relacionadas con la prostitución del orden de los 100 mil pesos mensuales en la ciudad capital. @DiarioReporter
