Beneficiados exalcaldes, extitulares de universidades y organismos operadores de agua que en su momento fueron casos mediáticos como el caso de José Juan Espinosa.
Por Héctor Llorame
El Congreso de Puebla y la Auditoría Superior del Estado (ASE) perdonaron al exdiputado local y ahora candidato a diputado federal, José Juan Espinosa Torres, las presuntas anomalías detectadas en su cuenta pública 2016, al igual que a decenas de exalcaldes y extitulares de universidades y organismos operadores de agua.
Aunque el poder Legislativo y la ASE contaron con siete años para sancionar los supuestos daños patrimoniales que imputaron, simplemente dejaron vencer este plazo legal.
Al prescribir las faltas, causaron estado los Procedimientos administrativos y de responsabilidades (PADR), por lo que simplemente se archivaron los expedientes sin aclararse los señalamientos.
Los casos fueron cerrados por el Congreso en varios bloques a finales del año pasado, pero apenas en días recientes se han publicado de a poco los decretos en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Esta exoneración maquillada o simulada contrasta con lo mediáticos que fueron los PADR cuando se iniciaron, pues en su momento la ASE, la Comisión Inspectora, legisladores y hasta el gobernador en turno hablaban de los presuntos desfalcos, mientras que los señalados acusaban una persecución política.
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado señala que el plazo de siete años para la prescripción “se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo”.
Como las cuentas públicas corresponden al año 2016 o anteriores, en 2023 feneció dicho plazo, así que se procedió al archivo de los expedientes.
Las acusaciones
Espinosa Torres fue acusado de un daño patrimonial de 18.7 millones de pesos, presuntamente cometido en 2016 durante su mandato como alcalde de San Pedro Cholula, aunque también se le iniciaron procedimientos por sus cuentas públicas de 2015 y 2017, de las cuales solo sigue en revisión en la segunda.
En 2020 el entonces titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, promovió en su contra dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas operaciones financieras simuladas en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, mismas que a la fecha siguen sin resolverse.
Esto como parte de la embestida que encabezó el difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta contra Espinosa Torres y otros exfuncionarios, persecución que luego alcanzó al propio auditor Romero Serrano, quien hasta hoy continua en la cárcel acusado de varios delitos.
Los otros perdonados
Entre los exfuncionarios cuyos procedimientos también caducaron destaca el extitular del Soapap, Francisco Castillo Montemayor, quien incluso sí estuvo en prisión tras ser perseguido por el exgobernador Rafael Moreno Valle.
El decreto de su exoneración se publicó en el POE la semana pasada, igual que el de Valentín Medel Hernández, exdiputado local del PT y exalcalde de Chilchotla, y el del expresidente de Cuyoaco, José Luis Rechy Tirado.
Este lunes se publicó la exoneración de Braulio García Lezama, ex presidente municipal de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, y de Wilfrido Villanueva Martínez, exedil de San Jerónimo Xayacatlán.
Previamente se perdonó a Mario Alberto Andrades Ortíz, exdirector del sistema operador de agua de Tehuacán; José Isaías Velázquez Reyes, expresidente de Atzitzintla; José Ramiro López Medina, de Chiautzingo; Alberto Ramos Moran, de Atzala y Lorena Margarita Candelario Peña, de Tepexco, entre otros.
