Por Héctor Llorame
Alejandro Armenta Mier asumirá el gobierno de Puebla el 15 de diciembre y, con ello, heredará múltiples problemas ocasionados por gobiernos anteriores, como la concesión del agua, la deuda pendiente por las obras morenovallistas, los hoyos financieros del barbosismo y hasta multas generadas desde el marinismo.
A esto se suman conflictos sociales que también podrían traspasarle, como la operación del relleno sanitario de Cholula y el adeudo a ejidatarios de Tlahuapan, quienes constantemente han bloqueado la autopista México-Puebla.
Este miércoles el gobernador saliente, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que varios de estos temas los dejará en manos del nuevo gobierno, debido a que no se han cerrado y ya no hay tiempo ni recursos para solventarlos.
Es así que el Presupuesto de Egresos de 2025 podría verse comprometido parcialmente incluso antes del arribo de la nueva administración, ya que el estado tiene adeudos y sanciones impuestas por autoridades judiciales.
La multa más grande asciende a 640 millones de pesos corresponde a una indemnización en favor de la empresa Melgarejo Construcciones, ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La empresa fue contratada por el gobierno de Mario Marín Torres para la construcción del Libramiento Poniente, pero el contrato fue revocado en la gestión del difunto Rafael Moreno Valle, así que la firma inició un juicio y luego de varios años lo ganó con la sanción fijada al gobierno poblano.
Céspedes Peregrina refirió que el caso sigue abierto y la penalización no es definitiva, por lo que Armenta Mier tendrá que dar continuidad a los recursos legales interpuestos.
Otra multa es de 12 millones de pesos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), generada también en el gobierno marinista y, de acuerdo con el actual gobernador, el adeudo era menor, pero se dejó pasar y el monto incrementó.
Desfalcos del barbosismo y deuda del morenovallismo
Un pendiente más es la recuperación de los 606 millones de pesos que el difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta perdió en una inversión fallida en Accendo Banco, financiera que quebró en 2021 y que a la fecha no ha solventado a sus acreedores.
El barbosismo también provocó un adeudo de 122 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no pagar lo que correspondía de Impuesto sobre la Renta (ISR) de trabajadores del gobierno estatal.
Además, persiste la deuda por tres obras morenovallistas: el Museo Internacional del Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis y la plataforma de la planta armadora de Audi, por las que cada año se abonan más de 3 mil millones de pesos.
El próximo gobernador también deberá definir la continuidad o no de la concesión del agua, ante las constantes quejas por el servicio que presta Agua de Puebla, marca de la empresa Concesiones Integrales, que en 2014 obtuvo la concesión por 30 años, apadrinada por Moreno Valle.
Hace unos días Armenta Mier reconoció que revocar la concesión costaría al gobierno del estado unos 8 mil millones de pesos, por la cancelación anticipada y porque tendría que devolver la inversión que ha hecho la empresa. @DiarioReporter.
