Por Carlos Clemente
El Estado nomás no es capaz de garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia de género ni de esclarecer las desapariciones que a diario se acumulan en Puebla.
En tanto, en la Fiscalía de Gilberto Higuera Bernal, se multiplican señalamientos de inconsistencias en las investigaciones, a tal grado de convertirse en “operadores de impunidad”.
La situación es tan grave que colectivos y familiares de víctimas solicitarán al gobierno federal una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Puebla, debido a todas las omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía al investigar feminicidios.
Cansados de tantos atropellos y de que la autoridad invisibilice sus casos, demandaron al gobierno del estado las renuncias de la fiscal de Género, Raquel Avendaño, y del fiscal general, Gilberto Higuera Bernal.
El 15 de mayo de 2018, la joven Zyanya Figueroa Becerril, fue encontrada muerta en su departamento, hacía su residencia como pediatra en el Hospital del Niño Poblano.
La Fiscalía clasificó su muerte como un suicidio, pese a indicios recabados y aportados por su familia y asesores legales que apuntan a un caso de feminicidio.
Los familiares le exigen a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres actuar con diligencia y considerar los actos de investigación propuestos en el plan metodológico, a fin de reencausar y redireccionar la investigación con perspectiva de género, a lo cual la Fiscalía se ha negado.
Se necesita un fiscal a la altura del reto; el nuestro, no es el único caso que presenta inconsistencias, existen varias familias que se encuentran en la misma circunstancia, acusó Patricia Becerril, madre de Zyanya.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCFN) ha detectado demasiadas inconsistencias en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, razón por la cual prevalece la impunidad.
La investigación de Zyanya ha pasado por tres fiscalías y cuatro ministerios públicos sin avance alguno.
Este lunes realizaron un plantón y una clausura simbólica de la FGE, donde nadie los recibió.
Algo sucede en la Fiscalía General del Estado porque aumentan las voces que reclaman justicia y denuncian inoperancia de la dependencia.
El pasado sábado, familiares y amigos de Andrea Ramos Andrade, desaparecida el 25 de junio del 2021 en Cuautlancingo, también se manifestaron.
Guadalupe Andrade, mamá de la joven desaparecida, acusó el letargo y poco interés del fiscal Higuera Bernal, para avanzar en las indagatorias.
Siente impotencia y frustración porque las autoridades estatales no hacen nada para avanzar en el caso.
Peor aún, ahora ella y su familia reciben amenazas para que dejen de buscar a Andrea.
Acusó además que en la FGE desapareció un primer expediente que contenía pruebas y grabaciones.
En la Fiscalía nadie atendió a los familiares.
Como bien señaló la madre de Zyanya, lejos de garantizar justicia, desde la Fiscalía se han convertido en operadores de impunidad. @DiarioReporter
