Por Carlos Clemente
Gravar el acceso al agua potable es una de las decisiones más insensibles y torpes que puede tomar un gobierno municipal. No se trata de un servicio de lujo ni de un bien opcional: es un derecho humano básico. En Tehuacán, sin embargo, el ayuntamiento encabezado por Alejandro Barroso Chávez decidió convertir la ineficiencia administrativa en un castigo directo a los ciudadanos, al autorizar un aumento de hasta 50 por ciento en las tarifas de agua potable.
Sin estudios de viabilidad, sin transparencia y de manera claramente arbitraria, el incremento golpea de lleno la economía de miles de familias que ya enfrentan inflación, inseguridad y servicios públicos deficientes.
No sorprende que distintos sectores sociales comiencen a organizarse para protestar frente a una medida que exhibe la incapacidad del alcalde para resolver los problemas estructurales del municipio sin recurrir a la vía fácil: meter la mano al bolsillo de la gente.
La decisión no solo afecta a los sectores más vulnerables; también impacta a la clase media, a la alta y a las empresas, para quienes el aumento resulta igualmente incosteable.
El argumento oficial es endeble: que en los últimos seis años no hubo incrementos y que el organismo operador mantiene un adeudo de 50 millones de pesos con Conagua.
Lo que no existe, hasta ahora, es una auditoría clara ni una denuncia formal por los presuntos malos manejos del organismo durante la administración de su antecesor, el impresentable Pedro Tepole.
Barroso Chávez ha optado por el silencio frente a las irregularidades heredadas, pero no ha dudado en trasladar el costo de esa omisión a los ciudadanos, obligándolos a pagar más por un servicio deficiente.
Lejos de diseñar un esquema financiero efectivo que permita sanear al organismo operador, el alcalde eligió la salida irresponsable: imponer un aumento del 50 por ciento en las tarifas de agua potable. Una decisión que, más que resolver un problema, profundiza el malestar social.
Y no es el único frente donde el doctor Barroso Chávez exhibe su incompetencia. En su primer año de gobierno, la inseguridad se ha agravado: las extorsiones se dispararon 133 por ciento, el narcomenudeo creció 55 por ciento y la desaparición de personas aumentó 20 por ciento, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Puebla.
Mientras Tehuacán se hunde en la violencia y la mala administración municipal, el alcalde responde con impuestos más altos. ¡Vaya ineptitud del morenista! @noticiasreportero
